*Entregan en las oficinas del organismo propuesta de Acción de Institucionalidad para que sea presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

*No hay justificación ética para el retiro dorado de magistrados del Poder Judicial y de esa forma duplicar la nómina de altos mandos, señala el diputado Arturo Pérez Flores*

Abogados, ciudadanos y legisladores entregaron formalmente a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM) el proyecto de demanda de acción de institucionalidad contra el decreto 1103, por medio del cual el Congreso local aprobó retiro voluntario para magistradas y magistrados de los tribunales que integran el Poder Judicial de la entidad.

Mediante ese decreto, diputados y diputados pretenden retirar con jubilaciones onerosas a 17 ó 18 magistradas y magistrados, para nombrar a nuevos titulares de dichas magistraturas, lo que perjudicaría al estado con un desembolso anual de 74 millones de pesos.

El proyecto de demanda señala que dicho decreto contraviene derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello “encuadra indiscutiblemente en los extremos marcados en el correlativo 105 fracción II del mismo ordenamiento”, por lo cual solicitan que la CDHM inicie ese procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de detener el “retiro dorado”.

El documento presentado este lunes 16 tiene como antecedente la reunión que ciudadanos, abogados y legisladores, convocados por el senador Sergio Pérez Flores, sostuvieron el pasado nueve de septiembre con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, Israel Hernández Cruz.

En ese encuentro, los asistentes comunicaron a Hernández Cruz que el “retiro dorado” es una lesión a los intereses de los morelenses, pues sólo se pretende privilegiar a un grupo de personas, incluso con requisitos mínimos en comparación a trabajadores del Poder Judicial que durante años pelean por una jubilación digna.

El diputado Arturo Pérez Flores, quien acudió con un grupo de ciudadanos a entregar el proyecto de demanda a las instalaciones de la CDHM, explicó que tras publicarse el decreto 1103, el pasado 12 de octubre, es momento de interponer la acción de inconstitucionalidad para que se detenga el “retiro dorado”.

“Al retiro dorado no se le ve justificación ética ni legal, por donde quiere que se le vea. Sólo es una erogación millonaria que implicará duplicar el pago de salarios para magistraturas, pues además de retirar a 17 ó 18 magistrados con pensiones que pueden heredar a esposas e hijos, hay que pagar salarios con cargo a los morelenses de los nuevos titulares de esas magistraturas. Es un gasto de 74 millones de pesos anuales”, puntualizó el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).