La insuficiencia de recursos en 2024 impactará en la administración de justicia: Gamboa Olea.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, advirtió que un recorte al anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial para el 2024 podría tener un fuerte impacto en la administración de justicia.
Señaló que el anteproyecto del Poder Judicial presentado ante el Congreso local rondó los mil 60 millones de pesos, en cuya propuesta de egresos se contempló partidas para la implementación gradual de la justicia oral civil y familiar, así como para la instalar la infraestructura y solventar los salarios y prestaciones de tres magistrados y el personal que integrará la sala regional de nueva creación, que ayudará a enfrentar las cargas de trabajo que se presentan en el circuito con sede en Cuautla.
Expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso local aplique recorte al anteproyecto presentado por el Poder Judicial, ya que “el rumor” es que será reducido de mil 60 a 800 millones, es decir, que el TSJ quedaría con el mismo presupuesto de 2023.
Recordó que fue el propio Congreso el que nombró a tres nuevos magistrados (adicionales a los 19 que están ya en funciones) y que entrarán en funciones a partir del 1 de enero de 2024, pero sin presupuesto no habría forma de dotarlos de infraestructura y personal para ejecutar su labor.
“Hay rumores de que pretenden recortar el presupuesto, el que se envió al Congreso del Estado. Eso obviamente generaría una parálisis en la implementación, primero, de la reforma de la justicia oral civil y familiar, pero sobre todo aquí hay un punto muy importante, si el mismo Congreso del Estado ya designó a tres magistrados para la creación de una nueva sala en el circuito de Cuautla y no se dota de los recursos, podríamos entrar en una parálisis que no pudieran entrar en funciones esa sala regional”, explicó.
Ante este posible escenario, Gamboa Olea señaló que busca un acercamiento con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo para analizar la situación y alcanzar un acuerdo benéfico para la impartición de justicia ya que, tan solo para la operación de la nueva sala regional, son necesarios 180 millones de pesos, más recursos adicionales para otros temas, como la justicia oral civil y familiar.
