FGE y Congreso fallan en la lucha contra la violencia feminicida: García Quintanilla.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos registró el 2023 como el año con el mayor número de feminicidios en los últimos 23 años  y recriminó al Congreso de Morelos su resistencia a legislar para penalizar la violencia institucional, a fin de que funcionarios omisos reciban sanciones para no hacer el trabajo que les corresponde para proteger el derecho a una vida libre de violencia.

De acuerdo con la organización civil, el año cerró con 125 feminicidios, superando con 18 feminicidios más al año 2022, que hasta entonces había sido el periodo más violento para las mujeres.
De los 36 municipios, 26 formaron parte de la geografía del feminicidio en Morelos. Sin embargo, seis concentraron el mayor número de asesinatos: Cuernavaca con 26 feminicidios; Cuautla con 15; Jiutepec con 13; Coatlán del Río con 11; Emiliano Zapata con nueve y Zacatepec con seis. El rango de edad de la mayoría de las víctimas fue de 21 a 40 años.

Juliana García Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos e impulsora de la Alerta de Violencia de Género (AVG) señaló que el número de feminicidios registrado en el 2023 también tiene uno de los niveles más altos documentados desde hace 23 años, cuando la organización comenzó el registro de casos asesinatos de mujeres.

Consideró que si bien los diferentes niveles de gobierno han sido omisos en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en la implementación de AVG decretada en 2015 en ocho municipios de la entidad, de no haberse aplicado algunas medidas de contención, el número de feminicidios habría sido superior.

“Podemos asegurar con pleno conocimiento de causa que, de no haberse implementado algunas de las medidas de esta alerta, los niveles de violencia feminicida serían aún peor, sin embargo, el incumplimiento de muchas de las medidas y acciones decretadas por la CONAVIM, no han logrado conseguir el objetivo de atender, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.

“Por ello es que se ha llegado a superar los mil 300 feminicidios en éstos 23 años. Los datos oficiales reconocen el incremento de muertes violentas de mujeres, sin embargo, únicamente reconoce como feminicidios un 32 por ciento del total que los que ocurren en Morelos, en contradicción con lo establecido en el Código Penal y en el protocolo de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado que establece el procedimiento de que se investigue toda muerte violenta de mujeres en principio como feminicidio”, dijo.

García Quintanilla también recriminó al Congreso de Morelos su resistencia a legislar para penalizar la violencia institucional y que funcionarios omisos reciban sanciones, no solo por desatender las recomendaciones de la AVG, sino por no hacer el trabajo que les corresponde para proteger los derechos de las mujeres, principalmente el derecho a la vida.  

“Uno de los pendientes que hemos señalado de manera reiterada es que el Congreso local no ha realizado un trabajo a profundidad, porque es a ellos a quienes les corresponde modificar el Código Penal para que quede integrado la sanción penal a los malos funcionarios que no están haciendo correctamente su trabajo, como supuestamente juraron realizar.

“Por el contrario, hacen actos de simulación inventándose comisiones –dijo en referencia a la fallida y extinta comisión legislativa para dar seguimiento a casos de feminicidios- que ni siquiera entregan un informe financiero y, menos aún, un informe de las actividades que realizaron para atender la violencia feminicida en la entidad morelense”, expresó.

Reiteró que la Fiscalía General del Estado ha realizado un papel “negligente, deficiente e impune”, porque no solo minimiza el número de feminicidios sino que falla en la persecución de este delito, pues “no vemos que lo fundamenten correctamente para que los jueces pudieran sancionar a los feminicidas conforme lo marca el Código Penal, que habla que cualquier feminicida tendría que purgar una condena de 40 años mínima, 70 máxima, cosa que no llega a suceder porque las carpetas desde la fiscalía están mal integradas.

“No se aplica el protocolo y es uno de los elementos que hemos señalado en repetidas ocasiones, respecto a que mientras no se atienda correctamente  desde procuración de justicia la violencia feminicida, nos vamos a encontrar con que los casos y la impunidad seguirá aumentando”, sostuvo.