En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que por presuntamente pagar más de 31 millones y medio de pesos a una empresa por supuestos servicios de cómputo, los cuales no se llevaron a cabo, además de que el dinero utilizado no estaba etiquetado para dicho rubro, imputó al exsecretario de Hacienda de Morelos por peculado.

Por el delito antes mencionado y ejercicio ilícito del servicio público, también fueron señalados dos exservidores públicos que tuvieron el nombramiento de tesorero y otros tres exfuncionarios de alto rango.

El jueves 18 de abril de 2024, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Jorge “N” exsecretario de Hacienda; Armando “N” y Carlos Alberto “N”, quienes fungieron como tesoreros generales del Gobierno de Morelos en distintos periodos, así como Jorge “N” subsecretario de Presupuesto, Salvador “N” y Gerardo Luis “N”, quienes tuvieron a su cargo la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.

De acuerdo con los más de 300 datos de prueba vertidos durante la audiencia por la agente del Ministerio Público, se sabe que no hay evidencia de la presentación de servicios, no hay registro de existencia de los entregables y no se cumplió con la normatividad para la contratación, ya que se debió realizar una licitación pública por el monto pagado, el cual asciende a 31 millones 560 mil 639 pesos con 22 centavos, además, se tomó el recurso de una partida destinada a apoyos sociales.

Entre febrero de 2018 y agosto del mismo año, los ahora exfuncionarios públicos dejaron que se pagara la millonaria cantidad sin cumplir con los requisitos de la ley, ya que no existió contrato, ni justificación de las 87 solicitudes de pago a favor de una empresa de servicios de cómputo, ya que no se cumplió con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo de Morelos.

Fue así que los exfuncionarios causaron detrimento patrimonial; el exsecretario de Hacienda dejó de observar que se cumpliera con la normatividad aplicable y distrajo de su objeto los recursos, ya que él tenía la responsabilidad de controlar el presupuesto de egresos conforme a la normatividad aplicable.

La conducta de los extesoreros Armando “N” y Carlos Alberto “N” derivó en un presunto hecho delictivo porque debieron hacer los pagos conforme al presupuesto de egresos, ellos autorizaron las transferencias sabiendo que la contratación del servicio no estaba conforme a la ley.

El exsubsecretario de Presupuesto Jorge “N” y los exdirectores Salvador "N" y Gerardo Luis "N" fueron omisos en revisar la documentación soporte para liberar el gasto, sin tomar en cuenta lo establecido en el presupuesto de egresos, omitiendo la revisión de la existencia de un contrato.

Por tales motivos, los exservidores públicos fueron imputados por peculado y ejercicio ilícito del servicio público; el juez concedió 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».