Cumple nueve años la implementación de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH) consideró que la próxima administración estatal y la nueva legislatura deben priorizar la agenda de género, para que se cumplan medidas previstas en la Alerta de Violencia de Género (AVG) y con ello responder a la gran deuda que las instituciones tienen con las mujeres morelenses.

Al cumplirse este mes de agosto nueve años de la AVG, decretada por la Secretaría de Gobernación en 2015 en ocho municipios de Morelos, ante el incremento de la violencia contra las mujeres, Juliana García Quintanilla, integrante de la asociación civil, e impulsora la alerta, señaló que en 23 años logró documentar un total de mil 428 casos de feminicidios, pese a que las autoridades únicamente reconocen como tales solo el 32% del total de las muertes violentas de mujeres

Acotó que la organización no entrará más “en polémicas estériles sobre las cifras que sin fundamento tienden a minimizar las autoridades o a ocultarlas cuando así creen que les conviene por razones políticas o de otro tipo”.

Recalcó que la AVG ha transitado por dos administraciones estatales, cuatro legislaturas y cuatro trienios en los gobiernos municipales, sin que ninguna de estas autoridades haya cumplido o avanzado en las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sostuvo que ante la asunción de Margarita González Saravia como la primera mujer gobernadora de Morelos, el cumplimiento de la AVG  debe ser prioridad para la próxima administración para saldar la gran deuda institucional para con las mujeres.

“La deuda pendiente con las mujeres en Morelos es muy grande. Los retos que tendrá el próximo gobierno de 2024 a 2030 son muy altos y a la vez son urgentes y necesarios para lograr que no haya ni un feminicidio más.

“Una de las prioridades gubernamentales debe ser precisamente garantizar los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como lo expresó la gobernadora constitucionalmente electa en dos reuniones que hemos tenido con ella, para abordar detalladamente las propuestas que hemos hecho a partir de las conclusiones y recomendaciones que hemos emitido a cada una de las dependencias y municipios que tienen las tareas y responsabilidades de cumplirlas.

“Hemos escuchado igualmente los compromisos de la gobernadora para modificar las estrategias y llevar a la práctica las políticas públicas con perspectiva de género que reclama la sociedad”, sostuvo García Quintanilla.

Señaló que el Poder Legislativo ha sido omiso en atender adecuadamente los temas del feminicidio y los derechos de las mujeres, y “un pendiente del Congreso es la falta de homologación de la legislación sobre feminicidio y modificar el Código Penal para sancionar penalmente la violencia institucional de funcionarios que incumplen la Alerta de Violencia de Género”.
Por ello, consideró que a LVI Legislatura –que entrará en funciones el 1 de septiembre-  tendrá que asumir las tareas pendientes para que el Congreso local esté a la altura de las circunstancias que reclaman las mujeres y la sociedad toda sobre el acceso a una vida libre de violencia.

Subrayó que si se hubiese cumplido a cabalidad la AVG, el número de feminicidios y de mujeres en riesgo sería menor, sin embargo, espera que la nueva gobernadora y la nueva legislatura tengan entre sus prioridades el tema de la violencia de género.