Familiares de Óliver Wenceslao Navarrete piden un encuentro con la gobernadora del estado y con el titular de la FGE.

El colectivo de Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla pidió al nuevo fiscal General del Estado, Édgar Maldonado Ceballos, una reunión para que conozca de las irregularidades en la integración de las carpetas de investigación y en los procesos penales iniciados contra funcionarios y exfuncionarios de la fiscalía implicados en la inhumación irregular en fosas comunes de decenas de cadáveres de personas no identificadas.

Frente a la ofrenda de víctimas, Amalia Hernández Hernández, representante de este colectivo, detalló que una de las últimas anomalías documentadas fue en torno a la declaración ministerial de una persona imputada implicada en el caso, a quien se le ofreció el criterio de oportunidad para que proporcionara información clave para deslindar responsabilidades contra servidores públicos de igual o más alto rango.

El criterio de oportunidad fue aceptado, pero con la condición de que la declaración se hiciera con la presencia de las víctimas indirectas.
A finales de enero, el agente del Ministerio Público, la asesora jurídica y el fiscal de Desaparición aseguraron que la parte imputada no se presentó a declarar; sin embargo, en la audiencia del pasado 14 de febrero, la defensa de la parte imputada presentó ante el juez de la causa el documento de la declaración rendida el 6 de enero ante el Ministerio Público, y alegó que se habían cumplido los lineamientos y los tiempos fijados por la propia fiscalía.

Expresó que esto es muestra de que existe toda la intención de obstaculizar los procesos legales para evitar la imposición de responsabilidades penales a los servidores públicos que en marzo de 2014 participaron en la inhumación irregular de su sobrino, Óliver Wenceslao Navarrete Hernández, y 118 cuerpos más, en la fosa común del panteón municipal de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla.
Con este contexto, Amalia Hernández reiteró su petición de audiencia a la gobernadora, Margarita González Saravia, pero también solicitó al nuevo fiscal, Édgar Maldonado, una reunión para que conozca directamente todas las tropelías cometidas en el caso y que –incluso- fueron toleradas por el fiscal depuesto, Uriel Carmona Gándara, y que por ello no hay confianza en que la fiscalía estatal cumplirá con su encomienda de proteger a las víctimas y llevar a los imputados ante los tribunales.