Durante evento por el 140 aniversario luctuoso de Zapata, en Ayala, solicitaron la intervención de AMLO para echar abajo el proyecto.
Ayala.- En el marco del CXL aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata Salazar, integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos rechazaron el proyecto de termoeléctrica de Huexca y pidieron al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, su intervención inmediata para echar abajo el mismo a la brevedad, ya que –aseguraron– ponerlo en marcha representarían el despojo y la destrucción del patrimonio cultural, el agua y la tierra.
De la misma manera, señalaron que los pueblos de Morelos están convencidos en fortalecer la producción agrícola y pecuaria para avanzar en la autosuficiencia alimentaria de la entidad, así como del país. Por lo que consideraron de vital importancia la defensa del agua, tierras, montes, además de buscar que prevalezca la justicia y se respete la legalidad.
“No aceptamos que nuestras tierras y aguas sean contaminadas; rechazamos la industrialización de nuestro territorio; no aceptamos que se destruya la capacidad productiva de nuestras tierras. Además, reclamamos respeto a la decisión de más de 12 mil ciudadanos conscientes que en los nueve municipios alrededor de la termoeléctrica de Huexca emitimos nuestro rechazo absoluto a ese proyecto de muerte, sobre todo en el municipio de Ayala, donde el resultado final fue de tres mil 824 por el NO contra 384 por el SÍ”, subrayaron los activistas.
Añadieron que se niegan a ser ellos los que paguen los costos de una “planeación corrupta” de las anteriores administraciones, que –dijeron– sólo velaron por engordar sus bolsillos y entregaron sus recursos naturales al capital extranjero. “Tal es el caso de los contratos leoninos de las empresas que construyeron los gasoductos que hoy sangran la economía del país”, señalaron.
Finalmente, exigieron justicia para el fallecido activista Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado por oponerse al Proyecto Integral Morelos, señalando que al momento, la fiscalía estatal no ha llamado a declarar a los funcionarios públicos que han emitido una opinión sobre el asesinato del también comunicador comunitario, además de agregar que la fiscalía federal se ha negado a atraer el caso.
