Los ejidatarios no se presentaron a una audiencia; se reaviva el conflicto por mina en Yautepec.

Cuautla.- Integrantes del ejido de San Carlos del municipio de Yautepec fueron declarados sustraídos de la justicia luego de que no se presentaron a la audiencia en la que debía desahogarse una denuncia en su contra, impulsada por un empresario de la construcción que pretende despojarlos del producto de una mina de materiales pétreos.

La resolución fue dictada este martes por el juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Cuautla, Arturo Ampudia Amaro, contra el comisariado ejidal de San Carlos, Gilberto Ávila Torres, y 19 ejidatarios más, a petición del abogado del empresario Wilfrido Tovar Ángeles, quien en diciembre pasado perdió ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) la posesión de la mina de la que se había apoderado.

Durante la audiencia, el secretario de Acuerdos aseguró que los ejidatarios y el comisariado fueron debidamente notificados, mientras que los abogados de los campesinos, Claudia Sedano Jiménez y Abel Rosales Calderón, aseguraron que no fueron notificados en tiempo y forma.

El abogado del empresario solicitó la intervención de la fuerza pública y de la Guardia Nacional para obligar a comparecer a los ejidatarios de San Carlos, quienes deben acatar un ordenamiento judicial para permitir la salida de la maquinaria que continúa en el lugar como garantía hasta que el empresario pague por el material que extrajo durante varios años.

Los campesinos fueron reconocidos por el Tribunal Unitario Agrario número 49 como los propietarios de 26 hectáreas de terreno en los campos de la antigua capilla de San Carlos, donde se localiza la mina que por años fue explotada por el empresario, sin pagarles por la extracción de materiales; por el contrario, trató de apropiarse del lugar mediante documentos apócrifos.

Después de cuatro años de litigio, en diciembre de 2019, el TUA mantuvo firme la resolución presidencial de 1929, que declara que dicha superficie pertenece al fondo legal del ejido de San Carlos.

El mismo tribunal fijó un plazo de 90 días para que el empresario retire la maquinaria que se encuentra en ese lugar, pero los campesinos señalaron que no permitirían la salida debido a que el empresario les adeuda más de 90 millones de pesos que dejó de pagar, por lo que iniciarían un juicio legal.

En busca de revertir la situación, el empresario emprendió acciones legales en contra de los campesinos, que derivaron en la resolución del juez que los ha declarado sustraídos de la justicia.