Perdieron la concesión, pero exigen seguir administrando el líquido

Yautepec. – Habitantes del poblado de Oacalco realizaron una protesta en la Casa de Gobierno después de que les fue revocada la concesión a la asociación civil USOAPPO para administrar el suministro de agua potable, por lo que el ayuntamiento, a través del Sistema Operador de Agua Potable de Yautepec, había tomado posesión de las instalaciones.

Los inconformes amenazaron con provocar un conflicto social enfrentando a la población contra la autoridad, en caso de que el ayuntamiento se negara a entregarles las oficinas que ya eran ocupadas por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, por lo que el presidente municipal convocó a su cabildo y a sus asesores legales para dar una respuesta.

Se concluyó que a pesar de que, por una resolución judicial, la asociación civil USOAPPO ya no cuenta con la concesión para administrar el agua potable en la comunidad de Oacalco, el alcalde Agustín Alonso Mendoza y miembros del Cabildo decidieron dar marcha atrás a la intervención de las oficinas, para evitar un conflicto social con la comunidad.

El alcalde propuso la creación de una comisión, con sus abogados, quienes explicaron que el 19 de julio de 2021 la asociación perdió un juicio y se revocó la concesión para continuar con la administración del servicio, pero en lugar de dar cumplimiento, iniciaron un juicio de nulidad, razón por la cual el Tribunal se Justicia Administrativa en el mes de agosto de 2022 sentencia el sobreseimiento del juicio de nulidad.

Señalaron que el 17 de marzo de 2023 el Cabildo crea la comisión temporal para dar continuidad a la ejecución de la revocación. Así, el 13 de junio se atendió la diligencia de intervención, se notificaron los integrantes de la agrupación y se clausuraron las oficinas; se colocaron nuevos candados en todas las instalaciones y se notificó que sería el Sistema de Operador de Agua Potable de Yautepec, quien brindaría el servicio.

Pese a la situación legal en su contra, los integrantes del Comité Administrador Ángel Sánchez Vargas, Raúl Oropeza Bastida y Adrián Valencia Alarcón, acompañados de su abogado, amenazaron con retirarse de la mesa y dejar al grupo de ciudadanos para que tomaran las instalaciones del sistema.

Para evitar un conflicto social, el alcalde Agustín Alonso Mendoza, con el apoyo de la síndica Omarely Abarca, decidieron dar marcha atrás a la intervención y regresar las oficinas a los inconformes, en tanto los procesos legales continúan.