Crece el conflicto ejidal por el rancho “Cuachizolotera”.
Atlatlahucan.- Encabezados por Rogelio Portillo Villanueva, presidente del comisariado ejidal de este municipio, ejidatarios realizaron una marcha por las principales calles de la cabecera de este municipio “para que el pueblo se entere del atropello del que está sufriendo el ejido de Atlatlahucan”.
Los ejidatarios reclaman a la presidenta municipal, Alma Reyes Linares, el pago de siete millones de pesos por presuntos “derechos de vía”, en los terrenos por los que se introduce el sistema de agua potable del rancho “Cuachizolotera”, pues aseguran que los ampara la ley agraria por las supuestas afectaciones a sus tierras.
“Por estos derechos ya han pagado la Comisión Federal de Electricidad y Caminos y Puentes Federales por la construcción de la rampa de emergencia”, aseguran.
“Nuestros representantes del municipio no quieren aplicar la ley porque nos toca un recurso, que es por ley que nos toca; hicimos una manifestación tranquila donde queremos manifestar y que el pueblo se entere del atropello del que está sufriendo el ejido de Atlatlahucan por parte de Alma Reyes”, insistió.
El dirigente ejidal aseguró que al llegar al palacio municipal, en lugar de ser atendidos, fueron agredidos por habitantes de la colonia Cuachizolotera.
“No fuimos atendidos; ella fomentó la violencia: trajo a la colonia Cuachizolotera y nos agredieron de alguna manera. Nosotros nada más íbamos a manifestar nuestra inconformidad y pedir la atención que debe tener con su pueblo, en este caso los ejidatarios”, afirmó.
Asimismo, Portillo Villanueva señaló que continuarán sus movilizaciones hasta que sean escuchados. “Vamos a proceder a lo que conviene, vamos a ir a las instancias correspondientes para que seamos escuchados y tomar medidas con los demás ejidos. No es el único caso; varios ejidos estamos sufriendo la ineptitud de nuestras autoridades para hacer cumplir la ley”, apuntó.
Destacó que, en presunta represalia, el Ayuntamiento clausuró la obra de construcción de sus instalaciones ejidales, aunque reconoció que no han pagado los permisos correspondientes. “Nos pidieron la documentación, nos pidieron conciliar con nuestros vecinos; también ya lo hicimos y estamos dispuestos a actuar conforme a la ley. Si nos piden el pago, también estamos dispuestos, pero nos las cancelaron en un abuso de autoridad”, aseveró.
Estas movilizaciones siguen polarizando a la población, pues los ayudantes municipales y algunas agrupaciones civiles también han reaccionado para frenar lo que califican como una extorsión por parte de los ejidatarios. “Los ejidatarios vendieron sus tierras para construir casas, fraccionamientos e inmuebles. No se vale que traten de impedir que la gente que les compró sus predios tenga los servicios básicos como el del agua potable, líquido que a ellos mismos beneficiará”, señaló Omar García Casarrubias, ayudante municipal de la colonia Cerritos.
