Correspondió a la agente del Ministerio Público Francisca Leticia Gargallo Ortega, acompañada por personal de la procuraduría, llevar a cabo la diligencia; sin embargo, ante la agresión de que fue objeto el personal, el director del sistema, Jesús Becerril Cedeño, anunció que se solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Las acciones se llevaron a cabo, no obstante la presencia de infantes que acompañaban a sus padres a realizar el pago de su servicio de agua potable.

A pesar de que se trató de entrevistar a la ministerio público en relación con la forma de actuar del personal de la procuraduría, ésta se adelantó y sostuvo que “no tengo por qué informar nada al denunciado, puesto que yo, mis investigaciones, las llevo a cabo en secrecía (sic)”.

Ante el abuso, una comisión de integrantes del cabildo se hizo presente y se informó que la orden de cateo se deriva de la carpeta de investigación CT-UIDD-C/727/2010), integrada por la Subprocuraduría de Justicia de la región oriente, encabezada por Juan José Gual Díaz.

Asimismo, trascendió que el mismo Gual Díaz, funcionario de quien varios grupos han solicitado su remoción del cargo, tiene demandado al SOAPSC por un supuesto despido injustificado y por salarios caídos, por cantidades que oscilan en más de 850 mil pesos.

Al respecto, el director del sistema, al ser consultado sobre este asunto, reconoció que en efecto, existe esa demanda “y como no me he prestado a ese juego para desfalcar las arcas del sistema, debemos de entender que hay un resentimiento y eso ha coadyuvado para facilitar las cosas y tratarme de perjudicar y evidenciar públicamente”.

Respecto de las deudas que se han estado reclamando al sistema y que motivaron la denuncia, realizada por personas que no tienen la representación legal para hacerlo, el director sostuvo que “no existen convenios, facturas u otro soporte, no es porque yo me niegue”, comentó.

Gerardo Olivera Melo se hizo pasar como director jurídico del sistema, sin embargo, la única persona que está facultada para dar nombramientos de funcionarios, de acuerdo con la Ley Estatal de Agua Potable y del decreto que creó el sistema, es el propio director general de éste, en este caso, Jesús Becerril Cedeño.

De hecho, “Olivera Melo ha manipulado la información proporcionada al agente del Ministerio Público, quien tampoco se ha dedicado a investigar sino que sólo ha aceptado pruebas que le proporciona el propio Olivera Melo, pero nunca ha requerido información al director general de la que supuestamente ha tratado de obtener el comisario Macrino Hilario Rodríguez Delgado, quien a su vez ha sido manipulado por Olivera Melo”.

Finalmente, el director lamentó que el nombre de la Procuraduría General de Justicia sea usado en actos revanchistas y se preste a acciones de esta índole, al señalar que no ha sido notificado de los supuestos delitos de que es acusado y por supuesto, quien lo acusa de manera legal, pues no hay nadie que tenga la personalidad para hacerlo y a la fecha lo haya hecho.

“Yo me siento tranquilo y mi trayectoria como abogado me avala; como tesorero del Tribunal Superior de Justicia, también”, sostuvo.

Antes de que Becerril Cedeño tomara posesión, otra persona, de nombre Celeste Rodríguez, intentó quedarse en el cargo, pero ante el rechazo del cabildo a su persona, se ha aliado con el comisario del sistema, Rodríguez Delgado, y el propio Olivera Melo.