En esta reunión participó Ricardo Robledo Chávez, subsecretario de Gobierno, quien dijo que por instrucciones del gobernador del estado se brindarán diversos apoyos a las familias de esta comunidad, los que consisten en servicios de salud, educación, cultura y seguridad.

“Venimos como gobierno del estado a hacer un recorrido, con gente de la comunidad del campamento Gustavo Salgado, después del hecho que sucedió hace unos meses y nos estamos comprometiendo a trabajar de manera conjunta porque hay muchas necesidades que resolver”.

Señaló que la prioridad es dar la seguridad que necesitan las familias de este campamento, para lo cual se ha preparado una agenda que será atendida con el apoyo de los tres niveles de gobierno. “De manera paralela trabajar con ellos para traer caravanas de salud, caravanas de cultura y poder ayudar a todas esas personas que trabajan en los campos de Ayala cortando caña y también en los campos de arroz”.

Indicó que el tema de la tenencia de la tierra, es un aspecto que también se trabajará a fondo para darles certeza a las familias de origen indígena que se han asentado en este predio. “Lo que queremos primero es entrar al tema de la tenencia de la tierra, toda vez que hay muchas anomalías, eso nos va a llevar un juicio muy largo, lo vamos a trabajar de la mano la gente del campamento y el gobierno del estado y la Federación, para tener la certeza de la tenencia de la tierra”.

Por su parte Ignacio Díaz Montes, representante estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR), señaló que después de haber sostenido reuniones con el secretario de Gobierno, se llegó al acuerdo de solventar su pliego de peticiones. “Que contempla tres puntos principales, la justicia para el caso de nuestro compañero Gustavo Alejandro Salgado Delgado, el que se nos dé seguridad en la tenencia de la tierra y la necesidad de satisfacer nuestras necesidades a través de proyectos productivos”.

Indicó que ante las amenazas que han recibido, es urgente garantizar la seguridad pública para las 171 familias que hay en ese lugar, “necesitamos tener la seguridad de que no vamos a ser agredidos, de que no vamos a ser violentados en nuestros derechos  ciudadanos, sea o no sea el hecho por la tenencia de este predio, sobre todo nos preocupa la seguridad en la vida, ya que como decía el subsecretario de gobierno, estamos muy cercanos a la comunidad donde asesinaron a nuestro compañero Gustavo y parte de los implicados aún andan sueltos”, apuntó.