De acuerdo a Jesús Herrera Quintero, integrante de la mesa directiva de la Asociación de Inmobiliarias, este tipo de asentamientos, de manera general, están integrados por grupos formados a través de procesos ilegales de compra de esos terrenos, que dicho sea de paso, en algunos casos se trata de tierras de alta productividad.

Adquiridos a través de cesiones de derecho, esquema que se encuentra fuera del marco normativo y de toda planificación de desarrollo urbano, al paso del tiempo y conforme se da su crecimiento, se convierten en problemas jurídicos y sociales para los gobiernos.

Es por ello que se requiere de la coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales, así como autoridades ejidales, para generar instrumentos y de manera eficiente programar la regulación y ordenamiento de tierras ejidales para su incorporación al desarrollo urbano, tratando así de conservar la vocación y uso de las tierras.

Asimismo, se pronunció a favor de llevar a cabo una actualización permanente de leyes, reglamentos y bandos para regular los programas de desarrollo urbano, acorde a las necesidades que demanda la conurbación con otros municipios.