Señalaron que tanto directamente como por teléfono, siguen recibiendo amenazas de muerte en contra de Adelaida y Gabriela Marcelino, así como de otros miembros de su familia, amigos y del abogado defensor, con el propósito de que desistan de sus movilizaciones para defender a sus familiares.

Lo anterior ha ocasionado que con el apoyo de algunas organizaciones sociales, se haya sacado del estado a Adelaida y Marcelino, ante las amenazas directas que han sufrido, señaló Ricardo Colorado, defensor de los indígenas presos.

Hicieron responsables a esas amenazas al ex presidente municipal de Ayala y ahora diputado electo, José Manuel Tablas, así como a las autoridades del gobierno del estado y de la Fiscalía General, quienes han contravenido las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad de la comunidad indígena del Chivatero, así como de la familia de los indígenas presos.

Indicó que lo que ha molestado a las autoridades es el hecho de que la justicia federal ha concedido un amparo con una suspensión provisional a los encarcelados, con base al cual, estos deberían quedar en libertad, pero al ser evadido, los acusados han iniciado una huelga de hambre dentro del penal.