Cuautla.- A partir de la fecha, los ayuntamientos ya no podrán cobrar las regulaciones de los establecimientos de alto riesgo, porque estarían invadiendo la esfera de competencia del gobierno del estado, con lo que se busca frenar las quejas del sector productivo.

Lo anterior se deriva de la entrada en vigor, la semana pasada, de las reformas al Reglamento de la Ley de Protección Civil en la entidad, con lo cual se delimitan las atribuciones de los diferentes niveles de gobierno en materia de regulación en materia de Protección Civil.

Lo anterior fue manifestado por el director general de Protección Civil en el estado de Morelos, Francisco Javier Bermúdez Alarcón, al clausurar el pasado martes las reuniones regionales con titulares municipales de Protección Civil en la región oriente, las cuales tuvieron el propósito de informar a las unidades municipales acerca de sus atribuciones y obligaciones en el marco de estas reformas.

“El reglamento de la Coordinación Estatal de Protección Civil se publicó la semana pasada, ahí tenemos logros importantes porque ya se delimitan las competencias y atribuciones entre el estado y el municipio, es decir la gente ya no va a tener que pagar doble, si son establecimientos de riesgo ordinario lo hará únicamente el municipio, si son establecimientos de riesgo alto lo hará la coordinación estatal”, destacó.

Dijo que esta reforma se promovió ante los reclamos de los empresarios, quienes se negaban a pagar doble impuesto por regulación de protección civil, “tenemos quejas frecuentes de los empresarios de que había empresas de riesgo alto, en donde llegaba el municipio y le hacía un cobro y llegaba el estado y le hacia otro cobro, entonces con esta acción se delimitan las atribuciones y las competencias entre los diferentes poderes, estatal y municipal y ya un establecimiento va a dar el pago al municipio o al estado dependiendo su nivel de riesgo”, agregó.

Manifestó que a partir de la publicación de estas reformas, los ayuntamientos tendrán la obligación de expedir sus reglamentos municipales en un término de 90 días, “esta es una estrategia para apoyar al sector productivo y evitar duplicidad en los cobros”, reiteró.