Inglaterra castigará con multas y cárcel a viajeros que violen normas contra COVID-19, con la exigencia de nuevas pruebas y una pena de 10 años de prisión para los viajeros que mientan sobre los países visitados si éstos están en la “lista roja”.
¿Cuándo entrarán en vigor estas nuevas reglas?
El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, confirmó en la Cámara de los Comunes del Parlamento las nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir del próximo lunes, 15 de febrero.
Así, se exigirá la cuarentena en hoteles designados por el Gobierno para los británicos, residentes en el Reino Unido o en la República de Irlanda, que entren desde países incluidos en una “lista roja” de riesgo de alguna de las cepas del coronavirus -los países de América del Sur, Portugal y Sudáfrica-.
Viajeros deberán pagar costo de hospedaje en cuarentena
El coste de esta cuarentena correrá a cargo del viajero y asciende a mil 994 euros por persona, que cubrirá el alojamiento y el transporte a alguno de los 16 hoteles designados, que entre todos sumarán 4 mil 600 habitaciones.
Según explicó el ministro, los viajeros no podrán salir de sus habitaciones durante el periodo de la cuarentena y habrá vigilancia para asegurar que las medidas se cumplan.
Al llegar al Reino Unido, estos viajeros serán llevados por personal asignado a estos hoteles, según el ministro, que no ha especificado cuánto tiempo durarán las medidas.
Quienes se nieguen a realizar la cuarentena en hoteles asignados pueden afrontar una multa de hasta 11 mil 300 euros.
Multas se endurecen
Para asegurar el cumplimiento de las nuevas medidas, el Gobierno impondrá una multa de 1.000 libras (1.130 euros) para quien no se someta al primero de los dos tests exigidos en los 10 días de cuarentena, mientras que la pena ascenderá a 2 mil 260 euros si no se hace la segunda prueba.
Los viajeros deberán facilitar sus detalles personales y el domicilio en el Reino Unido. Aquellas personas que, al rellenar los formularios de localización, traten de mentir al no declarar que no estuvieron en días previos en alguno de los países de la “lista roja” pueden afrontar una pena de hasta diez años de cárcel.
