Bernardo Arévalo de León, el presidente electo de Guatemala, ha alzado la voz contra lo que él describe como un "golpe de Estado en curso" en su país.
A menos de cinco meses de su investidura, Arévalo ha señalado a varios individuos y entidades clave como los instigadores de esta perturbadora situación.
Arévalo ha puesto el foco de sus acusaciones en la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como en un juez penal y la Junta Directiva del Congreso, la cual está presidida por el partido oficial. En sus declaraciones, Arévalo afirma que estas figuras están conspirando para socavar la democracia y el orden constitucional en Guatemala.
“Estas acciones constituyen un golpe de Estado, que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país”, afirmó Arévalo de León, quien ganó las elecciones en segunda vuelta el pasado 20 de agosto.
El líder electo, que representa al partido Movimiento Semilla, añadió que este "golpe de Estado" también involucra al fiscal Rafael Curruchiche y a otros individuos corruptos que buscan alterar el curso legítimo del proceso político. Según Arévalo, su plan es "romper el orden constitucional y violentar la democracia".
Arévalo explicó detalladamente cómo este "golpe de Estado" está siendo implementado de manera gradual, mediante una serie de acciones ilegales y espurias en diferentes instancias del gobierno. El objetivo final parece ser impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluido él mismo como presidente.
Uno de los aspectos más desconcertantes de esta situación es la aparente contradicción entre las acciones formales del presidente en funciones, Alejandro Giammattei, y los eventos en curso. Arévalo de León destacó que mientras Giammattei sigue protocolos, simultáneamente se desarrolla este plan de golpe de Estado.
Con un llamado a la unidad y el respaldo de la población, Arévalo de León hizo un llamado para proteger el valor fundamental del voto y defender la integridad democrática de Guatemala.
La persecución contra Arévalo de León y su partido comenzó después de su sorprendente avance a la segunda vuelta en las elecciones de julio. Desde entonces, el Ministerio Público y el juez penal Fredy Orellana han intentado desmantelar el partido, alegando un caso de firmas falsas durante su fundación en 2018.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha intervenido en la situación, advirtiendo sobre la amenaza a la estabilidad democrática en Guatemala debido a la intervención judicial en el proceso electoral. Además, la OEA ha otorgado "mayor autoridad" al secretario general Luis Almagro para supervisar de cerca la transición de poder en el país.
A medida que el 14 de enero se acerca, la fecha en que Arévalo de León debe asumir la presidencia para el periodo 2024-2028, la nación se encuentra en un punto crítico de su historia política, con la integridad democrática y el futuro del país en juego.
