Miles de manifestantes inundaron las calles de la capital peruana y otras ciudades del país, exigiendo la destitución de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones anticipadas. A pesar de la tensión en el ambiente, la jornada se desarrolló sin incidentes violentos reportados.
En el corazón de Lima, los manifestantes, convocados por la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), una coalición de diversas organizaciones sociales, regionales y vecinales, desafiaron el estado de emergencia que estaba en vigor en la zona. Este estado de emergencia incluía la prohibición de concentraciones y marchas, pero los manifestantes se mantuvieron decididos.
La policía, sin embargo, impidió que los manifestantes se acercaran a los edificios gubernamentales, como el Palacio de Gobierno y el Legislativo, así como al Ministerio de Economía y otras sedes oficiales.
Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), expresó su preocupación por el hecho de que la policía afectara el derecho de libre tránsito de los peatones que no tenían ninguna relación con la marcha. Subrayó la importancia de la participación de la CGTP en la protesta y señaló que esta jornada convocada por la ANP también se hizo sentir de manera pacífica en regiones como Arequipa, Puno y Lambayeque.
La CGTP, como parte de la ANP, ha exigido la renuncia de Boluarte, a quien acusa de estar involucrada en la represión de manifestantes durante las protestas a finales de 2022 y principios de 2023.
La central sindical también ha expresado su rechazo a la persecución judicial de activistas sociales y ha señalado la ineficiencia gubernamental en asuntos como el aumento del costo de vida, el crecimiento del desempleo, y el auge del crimen organizado y el sicariato.
En un comunicado oficial, la organización sindical respaldó la moción parlamentaria presentada por bancadas de izquierda hoy y emplazó a los congresistas a que "actúen coherentemente, desprendiéndose de ambiciones y apetitos personales".
