La Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, ha intensificado su lucha legal contra el expresidente Donald Trump y su empresa, presentando una solicitud para que abonen un total de 370 millones de dólares en respuesta a lo que la Fiscalía considera "enriquecimiento ilegal" y la manipulación de los valores de sus activos en documentos financieros durante más de una década.
Esta nueva solicitud supone un aumento significativo de 120 millones de dólares en comparación con la petición inicial. Este movimiento es parte de un adelanto del argumento final de la Fiscalía que está programado para ser presentado el 11 de enero en el tribunal durante el juicio en curso.
La Fiscalía sostiene que Trump obtuvo "beneficios ilegales" al inflar artificialmente los resultados financieros de sus empresas con el fin de obtener condiciones de préstamo más favorables. Este presunto acto de inflación de activos ha sido objeto de intensa investigación por parte de las autoridades.
La defensa de Trump, por su parte, ha respondido con su propio adelanto del argumento final, atribuyendo estos problemas financieros a "errores accidentales" en las declaraciones de situación financiera. Argumentan que tales errores son comunes en la contabilidad y que no existen pruebas de fraude, como ocultación, falsificación o engaño, que respalden las acusaciones de la Fiscalía.
El veredicto del juez Arthur Engoron, sin jurado, incluirá la responsabilidad de Trump por el delito de fraude que el propio juez asumió al inicio del proceso, tal como solicitaba la Fiscalía. Resta por saber su decisión sobre otras seis reclamaciones más que podrían inhabilitar a Trump para desempeñar un cargo directivo en cualquier empresa con sede en Nueva York.
