Este viernes, el juez John Law retiró los cargos de desorden público contra la activista climática Greta Thunberg y otros cuatro ecologistas en Londres.
Los activistas fueron detenidos durante una manifestación en contra de los combustibles fósiles frente a un hotel donde se llevaba a cabo un foro de corporaciones energéticas el pasado 17 de octubre.
El magistrado argumentó que la policía aplicó condiciones "ilegales" al efectuar los arrestos, señalando "deficiencias" en las comunicaciones de los agentes durante la operación.
Law afirmó que las medidas impuestas por la policía para que los ecologistas acataran las instrucciones policiales fueron "innecesarias" y "no razonables".
El juez subrayó que la falta de claridad en las directrices emitidas a los manifestantes generó dudas sobre si estaban cometiendo un delito al no cumplirlas.
Además, resaltó la ausencia de testigos dentro del hotel, donde se celebraba el foro, y la falta de evidencia de interferencias en los servicios de emergencia.
Greta Thunberg, junto con los otros acusados, ya se había declarado no culpable de quebrantar la Sección 14 de la Ley de Orden Público.
Durante la vista, el equipo legal de la defensa argumentó que las evidencias proporcionadas no eran claras debido a la falta de especificidad en las comunicaciones de la policía con los manifestantes.
La fiscalía, representada por Luke Staton, mantuvo que existían pruebas que indicaban la culpabilidad de los acusados en el desorden público.
Staton justificó las detenciones al alegar que la policía creía genuinamente que se producía una alteración grave en la comunidad, especialmente dentro del hotel donde se encontraban alrededor de mil personas.
La decisión del juez fue recibida con fuertes aplausos y vítores por parte de familiares y amigos presentes en la galería del público.
La activista Maja Darlington, de Greenpeace, calificó el veredicto como "una victoria para el derecho a protestar" y criticó que activistas climáticos se enfrenten a juicios por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente mientras las grandes empresas energéticas continúan lucrándose con la venta de combustibles fósiles.
Cabe destacar que los acusados se enfrentaban a sanciones económicas de 2,500 libras cada uno (alrededor de 2,900 euros).
