En el último informe gubernamental sobre el estado de excepción, se revela que 12 personas, catalogadas como "terroristas" por las autoridades, han sido abatidas por la Policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio del "conflicto armado interno" contra el crimen organizado en Ecuador.
Durante este período, que abarca 50 días desde el 9 de enero, se han llevado a cabo más de 132 mil operaciones conjuntas, destacando 179 acciones contra bandas criminales ahora designadas como grupos terroristas.
Tres policías también perdieron la vida, mientras que las detenciones alcanzaron las 10,569, con 268 relacionadas con presunto "terrorismo".
El último enfrentamiento ocurrió en Guayaquil, donde presuntos delincuentes intercambiaron disparos con la policía, frustrando aparentemente un intento de secuestro.
Además, se registraron tres asesinatos de agentes, dos de ellos durante los disturbios del 9 de enero, que involucraron el secuestro de agentes y la toma del canal TC Televisión por un grupo armado en una transmisión en vivo, con motines simultáneos en cárceles que dejaron a unos 200 rehenes liberados.
Las cifras también revelan la magnitud de las operaciones, con más de 64 toneladas de drogas decomisadas, 3,371 armas de fuego incautadas, y la captura de 979 vehículos, 1,188 motocicletas y 28 embarcaciones, incluyendo un semisumergible para el transporte de drogas.
Además, se confiscaron más de 20 mil explosivos, 215 mil balas, 1,378 cargadores de balas y 4,200 armas blancas, junto con aproximadamente 262 mil dólares en efectivo.
El presidente Daniel Noboa, tras declarar el "conflicto armado interno", identificó a 22 grupos del crimen organizado transnacional como "organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes". Esta designación permitió a las Fuerzas Armadas y la Policía utilizar todos sus recursos para neutralizarlos.
El conflicto armado interno se desencadenó cuando el Gobierno buscaba implementar su política de "mano dura" en las prisiones, afectadas por rivalidades internas que llevaron a más de 450 presos asesinados en masacres carcelarias desde 2020.
La violencia carcelaria se extendió a las calles, convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes en 2023.
