Este jueves, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández (2019-2023), fue imputado en una investigación que examina posibles anomalías en la contratación de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, siendo acusado de malversación de fondos.
El caso, iniciado por el fiscal federal Ramiro González y supervisada por el juez Julián Ercolini, señala a Fernández, al ex director de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez, un intermediario casado con una secretaria del expresidente. Entre las medidas solicitadas por el fiscal se encuentran los documentos relacionados con las contrataciones.
La denuncia, presentada esta semana, acusa a Fernández de imponer la obligación al sector público estatal de contratar exclusivamente servicios de seguros con la empresa Nación Seguros, alegando malversación de fondos, violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Según el fiscal, este esquema también se habría replicado en el Ministerio de Seguridad.
La presunta trama salió a la luz tras una investigación del periódico argentino 'Clarín', que reveló que la aseguradora subcontrató a un intermediario beneficiado con una comisión del 17%, tres veces mayor al estándar del mercado. Las ganancias de estas comisiones se estiman en 300 millones de pesos argentinos mensuales.
Se señala a Pablo Torres García de ANSES y a Martínez como posibles beneficiarios o intermediarios, obteniendo sumas significativas a través de negocios respaldados por un decreto específico.
Frente a las acusaciones, el exmandatario ha negado rotundamente su participación en cualquier acto ilícito, calificando la denuncia de "falsa". Afirmó que durante su mandato no realizó negocios indebidos y desafió a investigar sus declaraciones juradas y cualquier enriquecimiento familiar.
"Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable", expresó Fernández, subrayando la necesidad de esclarecer los hechos. Sin embargo, destacó que la denuncia podría ser parte de una "operación" sin profundizar en quién podría estar detrás.
Fernández también explicó que en 2021 emitió una norma para poner fin al negocio de seguros en el Estado, asegurando que todos los bienes y riesgos se contrataban directamente con Nación Seguros, eliminando la posibilidad de intermediarios y evitando así cualquier práctica cuestionable.
