El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha decidido apartarse temporalmente de su agenda pública para considerar su posible renuncia a la jefatura del Ejecutivo.
Esta pausa surge luego de que su esposa, Begoña Gómez, fuera objeto de una denuncia por supuesta corrupción. Sánchez tiene previsto comunicar su decisión final el próximo 29 de abril.
Un juez español ha aceptado la solicitud de investigación presentada contra Gómez por parte de un grupo privado, cuyo historial revela un enfoque hacia demandas relacionadas mayormente con causas políticas de derecha.
La corte con sede en Madrid evaluará detenidamente las acusaciones antes de determinar el curso de la investigación.
Begoña Gómez, de 49 años, no ejerce ningún cargo público y ha mantenido un perfil político discreto hasta el momento.
El sindicato Manos Limpias acusa a Gómez de supuestamente utilizar su posición para influir en acuerdos comerciales, aunque la corte no ha proporcionado detalles adicionales sobre la investigación, indicando que se encuentra bajo reserva.
Manos Limpias, a pesar de su denominación sindical, se destaca más por su labor como plataforma judicial, especialmente en casos relacionados con la derecha política.
Opera como una "acción popular", figura permitida por la ley española que habilita a individuos o entidades a intervenir en ciertos procesos judiciales aunque no sean directamente afectados por el acusado.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado las nuevas acusaciones como "falsas", respaldando así a la esposa de Sánchez.
Cuando le preguntaron en el Parlamento después de la decisión de la corte si pensaba que el sistema judicial funcionaba, Sánchez respondió: “En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo sigo creyendo en la justicia de mi país”.
