La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha comunicado hoy la intervención de México en el proceso judicial abierto contra Israel, a raíz de una denuncia efectuada por Sudáfrica a finales de diciembre, la cual señalaba un posible genocidio en la Franja de Gaza.
“El 24 de mayo de 2024, México, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte, presentó en la secretaría de la corte una declaración de intervención en el caso relativo a la ‘Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel)”, indica el comunicado emitido.
México, como país que ha ratificado el tratado internacional, “busca intervenir a fin de proporcionar su opinión sobre la posible interpretación del contenido de las disposiciones de la Convención relevante en este caso”, señaló en la solicitud.
Esta acción ocurre después de que la CIJ ordenara a Israel el pasado viernes cesar inmediatamente su ataque sobre Rafah, al sur de la Franja de Gaza, en respuesta a un pedido de Sudáfrica por medidas adicionales luego de acusar a Israel de ignorar las previas resoluciones del tribunal de las Naciones Unidas.
En detalle, la Corte exigió a Israel que “detenga de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra actividad en la gobernación de Rafah que pueda someter a la población palestina a condiciones de vida que conduzcan a su destrucción física, total o parcial”.
El tribunal también demandó a Israel que “deje abierto el paso de Rafah”, cuya administración palestina tomó a comienzos de mes, “para permitir un envío masivo y sin trabas de ayuda humanitaria”.
Además, la Corte instó a Israel a tomar “acciones efectivas” para asegurar “el acceso libre a la Franja de Gaza” a “cualquier comité de investigación, misión de investigación o entidad investigadora designada por los entes autorizados de la ONU para indagar sobre denuncias de genocidio”.
Sudáfrica manifestó en una solicitud el pasado 10 de mayo que las autoridades israelíes han “menospreciado” a la CIJ, ignorando y transgrediendo las medidas provisionales dictadas por el tribunal en enero y marzo.
