Este martes, Argentina se ve envuelta en una nueva controversia sobre la gestión del Gobierno de Javier Milei y su relación con los medios de comunicación, tras la reciente publicación de un decreto que limita la ley de acceso a la información pública.
El decreto, publicado el lunes en el Boletín Oficial, establece que el Estado ya no está obligado a proporcionar información sobre la vida privada de los funcionarios públicos ni sobre documentos preparatorios de decisiones estatales, como papeles de trabajo o reuniones previas. También aumenta los criterios de excepción para la divulgación de información pública.
La ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde hace siete años, había permitido a los ciudadanos acceder a información pública relevante, contribuyendo a la transparencia y a la investigación de comportamientos impropios de las autoridades.
Sin embargo, con la nueva reglamentación, la ciudadanía no podrá indagar sobre aspectos privados de los funcionarios, como quién ingresa a la residencia oficial de Olivos o cuántos perros tiene el mandatario.
La Fundación Poder Ciudadano ha expresado su preocupación a través de las redes sociales, argumentando que “ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada democráticamente por el Congreso” y recordando que el acceso a la información es un derecho humano consagrado en tratados internacionales.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, indicó que la organización está evaluando llevar el caso a la Justicia para que declare inconstitucional el decreto. También expresó la esperanza de que el Gobierno revierta la medida.
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha rechazado los cambios introducidos por el Gobierno de Milei, advirtiendo que representan un “grave retroceso democrático” que desalienta la participación ciudadana y opaca la gestión pública.
Además, señalaron que la nueva reglamentación introduce un artículo que podría imponer indemnizaciones por “violación al principio de buena fe” por parte de los actores intervinientes.
Fopea recordó que la divulgación de información pública debe ser la norma y no una concesión discrecional de los gobiernos, ya que la información en manos del Estado pertenece a la ciudadanía.
