La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de crear un "clima de temor" en Venezuela, en el que cualquier persona puede ser víctima de represión.

El informe detalla que la situación ha alcanzado niveles equivalentes a crímenes contra la humanidad, con una intensificación dramática de la represión para sofocar cualquier forma de disidencia.

Según la misión, el gobierno chavista ha aumentado significativamente la represión desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, que resultaron en el exilio del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestos complots contra el gobierno. En julio de este año, más de 120 personas fueron arrestadas durante la campaña electoral de la oposición.

Tras los comicios, las autoridades llevaron a cabo más de 2,000 detenciones en pocas semanas, lo que resultó en violaciones del debido proceso. El informe confirma que el sistema judicial, encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), está subordinado al poder ejecutivo y se ha convertido en una herramienta clave para reprimir la oposición política y social.

Venezuela enfrenta una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente. Los abusos documentados, incluidos casos de persecución política, son parte de un "plan continuo y coordinado" para silenciar y reprimir a la oposición, según la misión.

Marta Baliñas, presidenta de la Misión, denunció la intensificación del aparato represivo a pesar de los llamados de la comunidad internacional.

Francisco Cox, otro miembro del grupo, señaló que la misión ya temía que el gobierno pudiera activar su aparato represivo durante el proceso electoral, y esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora.