Este martes, el Parlamento de Georgia aprobó una nueva una ley que limita los derechos de las personas LGBTQI con 84 votos a favor y ninguno en contra, de un total de 150 escaños.
La legislación, denominada "Ley sobre la protección de los valores familiares y de los menores," prohíbe la "propaganda" relacionada con el colectivo LGTBI, la reasignación de género y el matrimonio igualitario.
La oposición boicoteó la votación en protesta por la reciente aprobación de una norma sobre agentes extranjeros. La ley ahora espera la firma de la presidenta georgiana, Salome Zurabishvili.
La nueva norma ha sido duramente criticada por unas treinta organizaciones de Derechos Humanos. Estas entidades argumentan que la ley no aborda problemas reales como la pobreza, la inflación, la falta de infraestructuras o la educación, a pesar de que se presenta como una medida para proteger a las familias y menores.
Los grupos de la sociedad civil advierten que esta legislación no solo afecta a los derechos LGTBI, sino que también pone en riesgo los derechos de todos los ciudadanos al sentar un precedente que podría restringir otras libertades.
Naciones Unidas ha alertado sobre el riesgo de que la ley perjudique derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la educación, la salud, la libertad de expresión y la asociación pacífica.
Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, señaló que la ley perpetúa estereotipos negativos y podría fomentar la violencia y el estigma contra las personas LGTBI, afectando negativamente los esfuerzos para combatir el VIH.
La ONU instó a las autoridades georgianas a reconsiderar la ley para cumplir con sus obligaciones internacionales y proteger los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
