El expresidente de Bolivia, Evo Morales, estaba programado para declarar el jueves 10 de octubre en Tarija, en el marco de una investigación por supuesta trata de personas y estupro.
Sin embargo, su defensa presentó un memorial solicitando su ausencia, argumentando que hay una sentencia constitucional que indica que el caso debe ser tratado en Cochabamba, donde reside Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
A sus 64 años, Morales es el principal opositor del gobierno de su exministro Luis Arce. La Fiscalía de Tarija había convocado al exmandatario para que ofreciera su testimonio respecto a las acusaciones de "estupro, trata y tráfico de personas".
Su abogado, Nelson Cox, advirtió que Morales no se presentará porque considera que la investigación es "ilegal" y que ya se había archivado una denuncia similar en 2020.
Las acusaciones que podrían llevar a Morales a prisión se remontan a 2015, cuando supuestamente tuvo una relación con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016.
La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, había emitido una orden de aprehensión contra Morales el 26 de septiembre, aunque fue anulada por una jueza que aceptó un recurso del exmandatario.
Gutiérrez reabrió la causa, sumando a las acusaciones iniciales la presunción de trata de personas. En la justificación de la orden de aprehensión, se alegó que los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales con el fin de obtener beneficios políticos a cambio de su hija, lo que podría constituir el delito de trata de personas.
El ministro de Justicia, César Siles, advirtió que la Fiscalía podría ordenar el arresto de Morales si no cumplía con la citación. En caso de incomparecencia, se podría expedir una orden de aprehensión.
Gutiérrez, tras la decisión de Morales de no presentarse, anunció que se tramitará la orden de aprehensión, asegurando que han sido notificados sin vulneración de sus derechos.
Morales, por su parte, sostiene que el gobierno de Arce ha reactivado el caso como parte de una persecución judicial para excluirlo de la contienda electoral de 2025.
En un mensaje en redes sociales, afirmó que el objetivo es debilitar al movimiento popular boliviano, en un contexto de crisis económica y falta de respuesta electoral del gobierno.
El exmandatario, quien encabezó eventos políticos en el Chapare el mismo día, no ha abordado su decisión de no comparecer ante la Fiscalía.
Sus seguidores se declararon en vigilia y amenazaron con bloquear carreteras en defensa de Morales, prometiendo una respuesta contundente si se emitía una orden de aprehensión en su contra.
El Chapare, su bastión político, es clave en la conexión entre Santa Cruz y La Paz, y sus bases están listas para actuar en caso de que se intensifique la situación judicial de Morales.
