España enfrenta una creciente crisis de vivienda, con altos alquileres y precios de viviendas fuera del alcance de muchos, especialmente en ciudades como Barcelona y Madrid.
El presidente Pedro Sánchez presentó esta semana un plan para mejorar la asequibilidad de la vivienda, que incluye un impuesto de hasta el 100% sobre las propiedades compradas por personas fuera de la Unión Europea.
El plan busca regular mejor el mercado inmobiliario y proporcionar más ayudas a los ciudadanos, con el objetivo de evitar la división social entre propietarios ricos e inquilinos pobres. No obstante, aún no se sabe si el Parlamento aprobará estas medidas propuestas por la coalición de Sánchez.
El aumento de los alquileres ha sido especialmente notorio debido al crecimiento del turismo, que ha elevado la demanda de viviendas a corto plazo.
En 2024, España recibió más de 88.5 millones de turistas, lo que ha exacerbado la escasez de viviendas asequibles para los residentes locales. El Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado planes para eliminar gradualmente los alquileres a corto plazo.
El gobierno español también planea limitar la compra de viviendas por extranjeros, imponiendo altos impuestos a las propiedades adquiridas por no residentes de la UE.
Sin embargo, expertos como Joan Carlos Amaro, analista inmobiliario, advierten que estas medidas podrían tener efectos negativos en el mercado, ya que podrían desalentar la inversión en construcción y generación de empleo.
Además, se prevé un aumento en la construcción de viviendas públicas y la creación de una nueva agencia de vivienda pública. Las autoridades también planean reformas legales para acelerar la construcción y fomentar la oferta de terrenos para la edificación privada.
El plan refleja la preocupación del gobierno por el aumento del costo de vida, un tema que ha generado descontento en muchos países ricos.
La crisis de la vivienda es una prioridad para Sánchez, quien busca mantener el apoyo de su coalición de izquierda tras su reelección en 2023. Según la Constitución española, todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada.
