El presidente suspendido de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, negó el martes ante el Tribunal Constitucional haber ordenado a los militares sacar a los legisladores de la Asamblea Nacional el mes pasado para evitar que votaran en contra de su decreto de ley marcial.

Esta comparecencia marcó su primera aparición pública desde que fue detenido por la declaración de ley marcial que generó caos político en el país.

El 3 de diciembre, Yoon decretó sorpresivamente la ley marcial, movilizando tropas y policías alrededor de la Asamblea Nacional. Sin embargo, suficientes legisladores lograron ingresar y votar en contra de la medida, lo que obligó al presidente a retirarla al día siguiente.

Yoon argumentó que la presencia militar no buscaba impedir la votación, sino enviar una advertencia al Partido Democrático, que obstruía su agenda legislativa.

El comandante de una unidad militar, Kwak Jong-keun, contradijo a Yoon, alegando que fue directamente ordenado por el presidente a sacar a los legisladores, aunque no cumplió la orden.

En su testimonio, Yoon negó dicha instrucción y aseguró que hubiera enfrentado grandes consecuencias si hubiera intentado bloquear la votación de la Asamblea.

El 14 de diciembre, la Asamblea aprobó un juicio político contra Yoon, suspendiendo sus poderes presidenciales.

El Tribunal Constitucional tiene hasta junio para decidir si lo destituye o lo restituye en el cargo. Mientras tanto, las autoridades investigan si Yoon cometió delitos como rebelión y abuso de poder relacionados con la implementación del decreto.

En caso de ser hallado culpable de rebelión, el mandatario podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

La crisis política, que afectó tanto la diplomacia como los mercados financieros de Corea del Sur, también ha generado división interna en el país.

La situación escaló el domingo cuando seguidores de Yoon atacaron un tribunal en Seúl, causando daños materiales y enfrentándose con la policía, lo que resultó en 17 agentes heridos y 46 arrestos.