Las autoridades de Ecuador emitieron una advertencia este sábado al declarar que el país se encuentra en “alerta máxima” tras recibir información de inteligencia sobre un posible atentado contra el presidente Daniel Noboa y miembros de su círculo cercano.

El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado difundido en la red social X (antes Twitter), señaló que la inteligencia nacional ha detectado “la gestación de un magnicidio, ataques terroristas y calentamiento de calles mediante manifestaciones violentas”, y que por esa razón “el Estado está en alerta máxima”.

Además, se informó que se han activado todos los protocolos de seguridad para prevenir estos posibles hechos.

La advertencia se produce días después de la victoria de Noboa sobre la candidata opositora Luisa González, en unas elecciones donde obtuvo más de un millón de votos de ventaja. Según datos oficiales, Noboa logró el 55,63 % de los sufragios, mientras que González obtuvo el 44,37 %.

El Ministerio también afirmó, aunque sin presentar pruebas, que “estructuras criminales” estarían detrás de estos planes para desestabilizar al gobierno, junto con “sectores políticos derrotados en las urnas”.

Además, se mencionó un supuesto informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que circula en redes sociales, en el que se advierte que tras los comicios del domingo “se ha iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador”.

The Associated Press consultó a las Fuerzas Armadas sobre este informe, y la oficina de prensa respondió que “en las próximas horas se emitiría un pronunciamiento oficial”.

En respuesta a estos señalamientos, la excandidata Luisa González expresó en su cuenta de X: “Ante mi denuncia de MegaFraude y su desesperación por callarnos, se viene más persecución, tenemos pruebas como lo es, el mismo informe de la OEA”.

También mencionó una supuesta “lista negra enviada a migración”, y denunció la retención de uno de sus asesores de campaña y de su compañero de fórmula, Diego Borja, quien días antes declaró haber sido retenido antes de viajar a Colombia, lo cual fue negado por el Ministerio del Interior, asegurando que solo se realizaron controles migratorios rutinarios.

Por su parte, González no ha reconocido los resultados del proceso electoral y anunció que pedirá el recuento de votos, aunque aún no ha formalizado su solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Indicó que presentará pruebas de irregularidades en el proceso.

Los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea señalaron problemas como el uso indebido de recursos públicos y la falta de imparcialidad del organismo electoral, aunque ambos aceptaron los resultados oficiales.

Cabe recordar que, un día antes de las elecciones, el gobierno decretó un estado de excepción por 60 días en nueve zonas del país, incluida la capital, Quito.

Esta medida se adoptó en el contexto de una crisis de seguridad marcada por el aumento de la violencia criminal atribuida a bandas vinculadas al narcotráfico. Además, se cerraron las fronteras a ciudadanos extranjeros durante los comicios.