Una jueza federal en Colorado ha bloqueado la deportación de dos inmigrantes venezolanos a El Salvador, tras una decisión a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La jueza Charlotte N. Sweeney dictaminó que el gobierno de Donald Trump no podrá expulsar a los dos hombres sin antes revisar sus casos o brindarles la oportunidad de una audiencia ante un juez.
Los inmigrantes, de 25 y 32 años, quienes no fueron identificados, cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos en Texas hace algunos años, como parte de la oleada de aproximadamente 40 mil venezolanos que llegaron a Colorado entre 2022 y 2024.
La decisión afecta a unos 100 inmigrantes venezolanos detenidos en el estado, quienes no podrán ser deportados a El Salvador hasta que se les brinde la oportunidad de una revisión de sus casos.
En respuesta al fallo, Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, expresó su alivio, destacando que esta decisión llega después de meses de tensiones y persecuciones desproporcionadas por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
Durante una audiencia, los abogados del gobierno argumentaron que la restricción judicial podría dificultar la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Sin embargo, la jueza desestimó estos argumentos, señalando que la ACLU había demostrado que los migrantes podrían ser deportados injustamente y enfrentar graves riesgos en El Salvador.
Como resultado del fallo, el gobierno federal está prohibido de trasladar a los dos hombres a El Salvador y deben permanecer en Colorado.
La decisión también establece que, de ser deportados en el futuro, los inmigrantes tendrían derecho a solicitar una revisión judicial y recibir asistencia legal en español.
Además, Sweeney expresó dudas sobre la posible aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a los venezolanos, aunque los abogados del gobierno aclararon que esta ley no se está utilizando en este caso.
La abogada Lunn aclaró que la demanda no busca la libertad de los venezolanos ni su concesión de asilo, sino que garantiza su derecho al debido proceso ante un juez
