Hay que reconocer que existe una crisis de violencia contra la prensa en México y tratar de compartir las reflexiones sobre esta situación con las diferentes autoridades federales y federativas, aseveró Frank La Rue Lewy.

El relator especial de la ONU destacó que todo hecho de violencia contra una o un periodista afecta su derecho a informar y el del pueblo a estar informado y, por consiguiente, debe automáticamente ser investigado.

Durante la Reunión de Trabajo de la mesa multisectorial de seguimiento al derecho a la libertad de expresión en el Distrito Federal aseguró, sin embargo, que no sólo se deben analizar situaciones problemáticas.

LaRue Lewy consideró que también es necesario elaborar un diagnóstico o pedir información de casos, acercarse a un país 'como amigos del país y de los derechos humanos'.

De ahí que por primera vez en la historia se lleve a cabo una visita conjunta de dos relatorías de instituciones distintas, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este hecho tiene diversos significados, entre ellos 'el reconocimiento de la crisis', expuso en el acto celebrado en instalaciones del Gobierno del Distrito Federal.

'Ambas relatorías queríamos atender el tema de México y queríamos información e investigar cómo estaban los casos y las investigaciones, pero de igual forma entendimos que ambas relatorías podían tener más impacto en dar nuestro apoyo al tema de derechos humanos y al de la libertad de expresión y la libertad de prensa en México', añadió.

Al destacar que los hechos de violencia deben ser investigados, aseguró que tal posición es tanto para periodistas como para defensores de los derechos humanos.

No obstante, el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión advirtió que aunque las averiguaciones y el proceso judicial podrán determinar después el origen o la causa de los hechos de violencia, 'no hay que partir de eso porque si no nunca se acaba'.

Ante ello se está planteando al gobierno federal y a los diversos estados que esa sea la posición: primero la obligación permanente de proteger; 'nosotros estamos recomendando un sistema de alerta temprana que dé posibilidades de prevención', expuso.

LaRue Lewy detalló que en principio se trata de ubicar las zonas más conflictivas, los momentos de intensidad, así como capacitar a las autoridades de seguridad sobre cómo atender a la prensa aun en momentos de operativos.

Para el segundo el punto sobre la protección indicó que proponen crear un mecanismo de alto nivel para satisfacer esa necesidad, al tiempo que felicitó la iniciativa de crear la Casa del Derecho del Periodista no sólo como refugio, sino como un centro de discusión.

Por último, enfatizó que se debe trabajar en la lucha contra la impunidad porque ese fenómeno genera más agresiones, pues un hecho que no es sancionado genera mucha más violencia.

Catalina Botero, relatora especial para Libertad de Expresión de la OEA, agradeció a su vez la invitación a las mesas de trabajo en las que se compartieron los avances y las limitaciones en materia de protección a los comunicadores.

Sostuvo que 'la voluntad de armonizar toda la política pública y la política legislativa en torno al tema de la libertad de expresión no pasa desapercibido para nosotros' y reconoció que la Casa del Periodista o de la Libertad de Expresión es un esfuerzo importante.

En tanto, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, comentó que aunque en el Distrito Federal no se han presentado casos recientes de asesinatos, desapariciones o secuestros de periodistas, sí se sabe de agresiones físicas y materiales, amenazas y detenciones arbitrarias.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), abundó que según datos nacionales en 2006 hubo 123 afectaciones a periodistas, de las cuales en la capital se contabilizaron 19, lo que significó 21 por ciento del total global.