Se trata de un mesero del sitio que habría señalado a los hombres que fueron sacados del lugar por individuos armados y de los que tres fueron asesinados, una hora y media después.
Un juez de Control vinculó a proceso a un individuo debido a que estaría relacionado con la privación ilegal de la libertad en contra de cinco clientes de un bar de Cuernavaca, de los que tres fueron asesinados más tarde, la semana pasada.
En relación con el hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) refirió que fue la noche del jueves 6 de diciembre cuando reportaron que varios individuos armados irrumpieron en el bar “El Farallón” –que se ubica en el poblado de Chipitlán– para llevarse a la fuerza a cinco personas.
Derivado del reporte, agentes de la Policía Morelos llegaron al sitio. En ese momento vieron a un individuo saltando una barda del bar y en seguida les solicitó ayuda, debido a que, unos minutos antes, varias personas que portaban armas largas descendieron de un vehículo negro e ingresaron al establecimiento, donde se encontraba conviviendo junto con un primo y algunos amigos.
Refirió que los responsables les gritaron que se tiraran al suelo y les ordenaron que no se movieran porque los matarían. Asimismo, los desconocidos contactaron a un mesero del lugar, quien señaló de manera directa al primo del denunciante y sus acompañantes, quienes obligaron a subir a una camioneta blanca.
Los uniformados ingresaron al bar, donde el afectado señaló al mesero que habría indicado a los hombres armados a quiénes llevarse, por lo que fue arrestado.
Derivado de las pruebas recabadas en el lugar y de las investigaciones realizadas a cargo de la Policía de Investigación Criminal, la Fiscalía Regional realizó las imputaciones ante el juez de Control, quien vinculó a proceso a Eduardo “N”, de 37 años de edad, por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado.
El individuo permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social “Morelos”, que se ubica en el poblado de Atlacholoaya de Xochitepec, durante el plazo de dos meses que concedió el juzgador para el cierre de la investigación complementaria.