En este sentido, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Morelos, mediante un comunicado, señaló que “la Unidad Especializada en Homicidios de Mujeres y Feminicidios en los siguientes días hará las acciones legales correspondientes” respecto de la decisión tomada por el juez Martín Eulalio Domínguez, quien determinó no vincular a proceso penal a los imputados.
En relación con los hechos, cabe recordar que la noche del pasado sábado 9 de noviembre, las dos víctimas –de 16 años de edad– estuvieron en un bar ubicado en la avenida Río Mayo, con los tres imputados; después fueron a otro, éste localizado en el Centro de Cuernavaca, en donde permanecieron hasta horas del día siguiente.
Posteriormente, se trasladaron a una casa; sin embargo, ahí habrían sido intoxicadas con alguna droga, lo que los tres jóvenes presuntamente aprovecharon para ultrajar a las menores de edad.
No obstante, por la mañana, al percatarse que una de las agraviadas no reaccionaba, los hermanos Broni “N” y Said “N”, de 21 y 23 años de edad, respectivamente, así como Jesús “N”, de 21 años, decidieron llevar a la menor a un hospital privado, en donde estuvo internada por varios días.
Fue el miércoles 13 cuando la adolescente falleció, como consecuencia de tres paros cardíacos que sufrió por la intoxicación previa a la agresión sexual.
De ello fue notificado un agente del Ministerio Público, motivo por el que se inició una carpeta de investigación, que derivó en la concesión de tres órdenes de aprehensión en contra de Broni, Said y Jesús, por parte del juez de Control y Tribunal Oral de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial.
Asimismo, en el comunicado emitido por la PGJ se refiere que luego de las primeras investigaciones por este caso se confirmó “la probable responsabilidad de los tres imputados en los delitos de feminicidio y de abuso sexual”.
Finalmente, durante la audiencia de vinculación a proceso penal, celebrada en la Sala 6, el juez Martín Eulalio Domínguez dejó libres a los jóvenes, argumentando que no se cumplieron con las formalidades que exige el Código Procesal Penal para la vinculación, ya que la PGJ supuestamente no acreditó el hecho delictivo.