La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en esta ocasión envió a sus tres más experimentados fiscales en juicios orales para sustentar la acusación en contra de los imputados.
La defensa argumentó que la Fiscalía hasta esa estadía procesal no contaba con los elementos para comprobarles el hecho delictivo a sus defensos, pues insistió en que no había el “nexo causal”, que en términos coloquiales quiere decir que no podían comprobar el acto delictivo.
Tanto la defensa como la Fiscalía citaron jurisprudencia y doctrinas del derecho penal para convencer al juez, pues ambos insistían en que contaban con las pruebas suficientes.
“Si el abogado dice que el efecto de la cocaína no provoca el (efecto) que una de las testigos narró, tuvo suficiente tiempo para traer a (un) especialista, pero no lo hizo”, decía la fiscal, pero el defensor le reviró que la carga de la prueba pesa sobre el Ministerio Público, no sobre la defensa. “Por eso en este nuevo sistema se presume la inocencia”, reviró el defensor.
El abogado particular dijo que la causa de la muerte fue el consumo de alcohol y cocaína, “y suponiendo sin conceder que mis clientes la obligaron a consumir la droga, las jóvenes tomaron por su propia cuenta el alcohol”, señalaba el abogado.
El juez, al término del acalorado debate, consideró que hay indicios de que los detenidos actuaron con la agravante de ventaja, pues eran muchos hombres y la adolescente no tenía la fuerza para defenderse.
El pasado jueves, el juez de Control Martín Domínguez Casarrubias se negó a vincular a proceso a los tres imputados -acusados entonces por los delitos de feminicidio y violación agravada- bajo el argumento de que la Fiscalía no acreditó la comisión de las conductas ilícitas, pero salir del penal de Atlacholoaya, Jesús Garduño Martínez y los hermanos Saud y Broni Salgado Pineda, fueron informados que sobre ellos pesaba una orden de aprehensión, en esta ocasión por homicidio calificado.
“Gracias a la declaración de la menor María Fernanda se pudo esclarecer que tanto Jesús como Broni, llevaron a las dos menores a una casa ubicada en la zona residencial de Vista Hermosa, en donde las obligaron a consumir cocaína”, explicó la ministerio público.
Dijo que gracias a la declaración de la menor se puede determinar que tanto Jesús como Broni obligaron a la menor de 16 años a consumir la droga, mientras que Said no hizo nada para impedir que las menores fueron intoxicadas.
Varias horas después María Fernanda despertó y se dio cuenta que, al igual que su amiga, había sido ultrajada, pero pidió ayuda porque la otra menor estaba inconsciente.
Camino al hospital -narró la testigo en la carpeta de investigación- su amiga sangraba de manera abundante por la nariz, de donde también le salían bolas blancas.
Para la Fiscalía no hay dudas de que las dos jóvenes fueron obligadas a consumir la droga, por lo que consideran que se trata de un homicidio calificado, pues los dos jóvenes presumiblemente violaron a las mujeres y sabían de las consecuencias que podrían desprenderse de sus conductas.
“Por ello, con total apego a lo que establece el artículo 114 del Código Penal, esta Fiscalía presenta cargos en contra de ustedes por el delito de homicidio calificado”, narró la fiscal.
El defensor acusó a la PGJE de actuar con "argucias legaloides”, pues sus clientes fueron detenidos por resistencia a particulares, después fueron llevados ante un juez por feminicidio y violación, quedaron libres, y se les dicta una nueva orden de aprehensión por homicidio calificado.
“Eso no es ilegal, porque no llegamos a sentencia y la ley le da la facultad a la Fiscalía de seguir investigando”, reviraron los ministerios públicos.
Al expediente judicial fueron agregados entrevistas con los médicos que atendieron a la menor en los hospitales de la Cruz Roja y Henry Dunant, donde perdió la vida a consecuencia de tres infartos que sufrió la joven.
La PGJE señaló que con los peritajes realizados quedó plenamente acreditado que la menor Sabrina, a consecuencia del exceso de droga, sufrió un derrame cerebral, que a su vez le provocó tres ataques cardiacos que terminaron con su vida.
Además la Fiscalía dijo que se trató de dos menores de edad, y quienes las obligaron a consumir drogas y bebidas alcohólicas tienen la mayoría de edad, lo que agrava el delito.
La declaración de la madre de la amiga de la víctima fue tomada en cuenta por el juez, quien la reprodujo en su resolución para argumentar que desde su punto de vista sí hay elementos para presumir que se trata de un homicidio doloso.
El juez Sandoval Lomé dictó el auto de vinculación a proceso y dio tres meses a la Fiscalía para que concluya las investigaciones e inicie el juicio oral.