Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, presentó una iniciativa para regular las redes sociales.
El detonador fue el veto de Facebook y Twitter a Donald Trump tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos.
“No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión”, justificó el líder de Morena en el Senado, ponente de la iniciativa que será debatida a finales de mes en la Cámara alta.
La propuesta da seguimiento a la queja de López Obrador, quien siempre agradeció a “las benditas redes sociales” por su triunfo electoral en 2018, pero tras el asalto al Capitolio del 6 de enero las acusó de “censurar” a Trump, con quien el presidente mexicano siempre ha presumido una “buena relación”.
Estos son los siete puntos clave de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por Monreal:
- La iniciativa contempla regular las redes sociales que tengan más de 1 millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok.
- Para poder operar, estas redes requerirán autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo creado en 2013 cuyo titular es propuesto por el presidente ante el Senado.
- Las redes podrán establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos de acuerdo con términos previamente autorizados por el IFT.
- Sólo podrán eliminarse o suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, afecten a los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito.
- Las redes sociales deberán tener un procedimiento interno para impugnar la suspensión de cuentas y contenidos que sea resuelto en un plazo máximo de 24 horas y atendido por personas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión.
- En caso de que las redes sociales no resuelvan la impugnación, se podrá presentar una queja por violación a la libertad de expresión ante el IFT, que ejercerá como árbitro entre las partes.
- Si se acreditaran violaciones a la libertad de expresión, se prevén multas de hasta 89.62 millones de pesos (4.4 millones de dólares).
