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Banco Azteca tiene acceso a la base de datos de los programas sociales del Gobierno Federal

Banco Azteca y tarjetas Bienestar: Un contrato millonario que le permite acceder a la base de datos de los beneficiarios y cobrarse adeudos por compras en Elektra

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A pesar de que se resiste a pagar impuestos, Banco Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, es beneficiario de un contrato que le asignó de manera directa el gobierno de López Obrador para dispersar en el país los fondos de los programas sociales mediante las tarjetas Bienestar. En 2019 obtuvo por lo menos 300 millones de pesos sólo por el manejo de cuentas. Más aún, el contrato le permite acceder a la base de datos de los programas sociales, utilizar los datos personales de sus beneficiarios e incluso cobrar de esas tarjetas adeudos por la compra de artículos en las tiendas Elektra.

Banco Azteca aseguró al inicio del sexenio que, como “el aliado ideal” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cobraría ninguna comisión por manejar las tarjetas para entregar los recursos de los programas sociales a los beneficiarios.

El banco del magnate Ricardo Salinas Pliego no sólo cobra cientos de millones de pesos al año por el manejo de las tarjetas de Bienestar para los más pobres de México, sino que, para ello, firmó un contrato con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando la oficial mayor era Raquel Buenrostro, funcionaria de toda la confianza de López Obrador.

Mientras que el español BBVA, considerado el banco más caro de México, no impone ningún costo por el manejo de las cuentas de los programas sociales federales, Banco Azteca le cobra al gobierno de López Obrador cinco pesos al mes, más 80 centavos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el “mantenimiento” de cada una de ellas.

Así, por el cobro de 60 pesos anuales por los cinco millones de tarjetahabientes de los programas de bienestar que atendió sólo en 2019, Banco Azteca le cobró 300 millones de pesos al gobierno de López Obrador, sin incluir el IVA, además de controlar la base de datos de los programas sociales y mantener cautivos a los beneficiarios.

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