El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México.

En un comunicado, el organismo señaló que también afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y especialmente, a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el estado de derecho.

Destaca que amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el IMCO, la reforma dota de facultades discrecionales a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo.

Por si fuera poco, establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos, como las gasolineras, cuando éstas consideren que sus actividades representan un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.

En dicho caso, tales autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos por alguna de las causales señaladas anteriormente y contratar a empresas productivas del Estado para que éstas manejen y controlen las instalaciones ocupadas.

Lo permitirá haciendo uso incluso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido; lo que, en los hechos, representaría un acto de expropiación directa.

Por otra parte, la iniciativa conlleva repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex.

Además, la reforma impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras.

“Con el propósito de que Pemex mantenga su papel preponderante en el sector de hidrocarburos, esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como la seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional”, abundó el instituto.

La iniciativa enviada el pasado 26 de marzo por el ejecutivo, está en la cancha de la Cámara de Diputados, por lo que el IMCO exhortó a los legisladores a no aprobarla.