El Senado avaló la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para que ningún servidor público pueda recibir un salario anual mayor al del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

La reforma fue aprobada por la asamblea en reunión virtual, con 90 votos a favor y 28 en contra, en lo general, y con 65 votos a favor y 49 en contra en lo particular. Morena y aliados rechazaron las reservas presentadas por PAN, PRI y PRD.

La minuta que envió la Cámara de Diputados abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de esa ley.

Al presentar el dictamen, la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, señaló que con esta nueva ley se busca colmar “los vicios de inconstitucionalidad” que advirtió la Suprema Corte, asegurando que las remuneraciones “sean justas, equitativas, adecuadas, proporcionales e irrenunciables”.

Destacó que el proyecto precisa que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión “igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el presidente de la república por concepto de percepciones ordinarias”. Lo anterior sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.

“Este criterio frena la práctica discrecional de conceder que algunos servidores públicos, tengan percepciones por encima de sus superiores jerárquicos, pues ello no es proporcional a la función y responsabilidad del encargo encomendados en las leyes, reglamentos, manuales y demás disposiciones normativas”, leyó la legisladora.

La nueva ley establece la inclusión del Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), como referente para la determinación de las retribuciones de los trabajadores del Estado.

“No más funcionarios que se pongan el sueldo que quieran”, exclamó por su parte el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, al asegurar que con esta reforma se terminan los excesos de los servidores públicos.

De acuerdo con el artículo 5 de la ley, se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.