El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó no utilizar las urnas electrónicas para recibir la opinión de los ciudadanos durante el ejercicio de Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto.

Los consejeros electorales advirtieron que no hay tiempo suficiente, ni recursos para auditar y actualizar los sistemas informáticos para el primer ejercicio de participación ciudadana de este tipo.

“No estarían en posibilidad de someterse a una auditoría como lo han establecido nuestros lineamientos para los ejercicios anteriores, no hay tiempo ni dinero para hacerlo, implica un trabajo de coordinación y supervisión por áreas centrales y luego de ejecución por los órganos desconcentrados de los estados, en donde estos se pusieran en práctica y esto se tendría que hacer cuando aún estará corriendo el proceso electoral”. Jaime Rivera, consejero Electoral del INE.

Al discutir una adenda a los lineamientos para la organización de la Consulta Popular, en la cual se preguntará a los ciudadanos sobre “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, los consejeros dividieron opiniones sobre la utilización o no de este instrumento, pues algunos se pronunciaron por mantener abierta la posibilidad de utilizar la urna electrónica.

“Si bien es cierto que este Consejo General y la mayoría de las y los consejeros electorales optaron o decidieron por que en esta consulta popular no se utilizaran instrumentos electrónicos de votación, a mí me parece claro que hay que dejar el precedente, y además hay que hacerlo, porque la propia ley federal de Consulta Popular publicada el pasado 19 de mayo de 2021, que si bien no aplica para esta consulta, derivado de un transitorio que hace referencia a las consultas que ya hubieran iniciado, establece en los artículos 53 y 56 expresamente el uso de urna electrónica”. Carla Humphrey, consejera Electoral del INE.

El Consejo General del INE tiene de plazo hasta el próximo 14 de junio para definir los recursos con los que cuentan para organizar la Consulta Popular, ante la negativa de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes les negaron una ampliación presupuestal.