El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes 16 de agosto que analiza denunciar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el caso del joven José Eduardo Ravelo, asesinado presuntamente por policías en Mérida, Yucatán.
El presidente dijo, durante su conferencia matutina, que se atenderá el caso y aseguró a la mamá de José Eduardo que va a intervenir.
“Voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, si se demuestra, si se comprueba que hubieron estas violaciones graves, que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven”.
Al ser cuestionado sobre la brutalidad policiaca en algunas zonas del el país, el presidente dijo que los gobiernos de los estados están trabajando en la formación de elementos para que la Policía sea respetuosa de los derechos humanos, pero admitió que aún falta por hacer.
Dijo que hay dos cosa importantes: Primero, que los ciudadanos denuncien y no se “tape nada”, sea quien sea, y segundo, que no haya impunidad.
“En este caso, por ejemplo, no es como antes de que ya la autoridad local hasta ahí lo decidió, ya fue lo que resolvió el juez, ya fue lo que resolvió el Poder Judicial de la Federación, cosa juzgada. No, no, nada de eso. Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es sólo una legalidad ficticia, la legalidad sirve para legitimar la injusticia”, dijo.
Añadió que durante el periodo neoliberal se ajustaban las leyes para poder saquear y robar, pero ahora no, porque esto ya cambió.
El sábado 14 de agosto se informó que los cuatro policías municipales imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación en contra del joven veracruzano de 23 años, José Eduardo Ravelo Echavarría, no fueron vinculados a proceso.
“Los datos de prueba han sido insuficientes, se declaró auto de no vinculación a proceso a favor de los imputados quedando en inmediata libertad”, dijo Antonio Bonilla Castañeda, juez de control del primer distrito judicial.
José Eduardo murió el pasado 3 de agosto en un hospital público de Mérida; el Servicio Médico Forense dictaminó que la causa fue por destrucción orgánica múltiple por politraumatismo.
Policías de Yucatán detuvieron a Ravelo el 21 de julio y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en su ano, según denunció su madre, María Ravelo.
Además, el alcalde de Mérida, Renán Barrera, justificó la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque “estaba intoxicado” y por “alteración del orden pública”, al asegurar que no había evidencia de abuso policial.
Sin embargo, el fin de semana arreció la polémica al difundirse un video de su detención en el que seis policías someten a Ravelo e, incluso, uno coloca su rodilla sobre su pecho mientras está en el suelo.
Grupos LGBT se han movilizado por el caso aunque Ravelo no se identificaba abiertamente como homosexual.
Asimismo, María Ravelo también ha denunciado que el alcalde Barrera, del Partido Acción Nacional (PAN), le ofreció 2.5 millones de pesos (unos 125.000 dólares) para desistirse.