Con dudas sobre el paradero de Ricardo Anaya Cortés y nuevos señalamientos contra la Fiscalía General de la República (FGR) por retrasar la entrega del expediente a la defensa, un juez federal volvió a aplazar la audiencia inicial de imputación contra el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

En una audiencia que el juez de Control, Marco Antonio Tapia Fuerte, presidió desde el Reclusorio Norte, la defensa de Anaya y el panista comparecieron por separado vía remota, lo que generó cuestionamientos de la Fiscalía sobre el paradero real del político.

En su primera intervención, el abogado defensor de Ricardo Anaya, Eduardo Aguilar Sierra, informó al juez de control que apenas el pasado viernes 1 la FGR les había entregado mil hojas adicionales del expediente, por lo que era necesario aplazar la audiencia para que los defensores pudieran conocer su contenido y evitar que se violara el derecho de su cliente a contar con una defensa adecuada.

El juez de la causa decretó en ese momento un largo receso para verificar si las palabras del defensor se podían comprobar con los registros de la carpeta judicial, lo que finalmente sucedió, por lo que el impartidor de justicia determinó aplazar la audiencia hasta el próximo 8 de noviembre a las 9 horas.

Sin embargo, antes de finalizar la audiencia, el juez de Control Marco Antonio Fuerte reiteró su petición a la defensa de Anaya para que el político mexicano comparezca en territorio nacional, tal y como lo había solicitado el anterior juez de Control.

Por lo anterior, el juzgador federal decretó que, para la próxima comparecencia de Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del PAN deberá comparecer en conjunto con sus abogados y no de forma separada como lo hizo en la audiencia de este lunes.

Más tarde, el abogado Eduardo Aguilar Sierra emitió un comunicado en el que dio a conocer que el juez de la causa suspendió la audiencia con el objeto de que “la defensa” cuente con mayor tiempo para estudiar las constancias entregadas por la Fiscalía. “La Fiscalía estuvo de acuerdo con el diferimiento” (de la audiencia).

En este marco, el litigante destacó que su cliente goza actualmente de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos, ya que no ha sido imputado ni tampoco vinculado a proceso por ningún delito.

“Reiteramos la total inocencia del señor respecto a los hechos que se le imputan. Ya se ha evidenciado en la opinión pública que este proceso no es otra cosa que una persecución política”, concluye el comunicado de la defensa.