Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que mantener una reducción al presupuesto del Poder Judicial puede tener consecuencias internacionales para el Estado mexicano.

Aseguró que no se trata de recursos para la operatividad del Poder Judicial, sino para cumplir un compromiso dentro del tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Dijo que los 3 mil millones de pesos que posiblemente no se asignen fueron solicitados para concluir la tercera etapa de la reforma en materia laboral a la que se comprometió México con sus socios comerciales del norte.

“Se está comprometiendo un proyecto prioritario del Estado mexicano, y lo reitero mucho porque no es sólo la Federación, los estados de la Federación o los tres poderes de la Federación, es el Estado mexicano en la comunidad internacional”, aseguró.

“Este elemento es esencial para una relación sana con Estados Unidos, así de simple; sin esto, la relación no camina, eso es lo que está en juego y es importante que la gente lo sepa”, insistió.

Zaldívar advirtió que la reforma laboral no es de cumplimiento optativo, sino una obligación constitucional de las autoridades mexicanas. Señaló que incumplir esa obligación generaría una serie de consecuencias “muy desfavores” para el país.

“De verdad, no alcanzo a entender yo qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que es una obligación constitucional”, dijo.

“Exhorto respetuosamente” a los legisladores a que se pueda ponderar la situación, para que los beneficios del T-MEC lleguen a la gente más pobre y no se ponga en riesgo la reactivación económica ni la justicia social.

“Hay muchas necesidades, por lo que todas las instituciones deben actuar con solidaridad y en unidad”, pidió.