El Servicio Administración Tributaria (SAT) maneja algunos instrumentos que pueden ser clasificados como “listas negras”. En estos registros destacan aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales, así como empresas que realizan operaciones indebidas, por ejemplo, que emiten facturas falsas.

La llamada “lista negra” puede ser consultada por este enlace (Datos abiertos del SAT) así como en el Diario Oficial de la Federación.

En su listado completo figuran el nombre, la denominación social y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) de las personas físicas o morales que enfrentan los escenarios previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.

Todo contribuyente que termine en este registro debe recibir una notificación en su buzón tributario (así como un aviso de esta notificación en el correo electrónico que tenga registrado en el SAT), de acuerdo a lo establecido en el artículo citado del CFF.

Una vez alertados de su situación, los contribuyentes tienen el derecho a presentarse ante las autoridades fiscales para aportar la documentación e información correspondiente a su caso y, de ser posible, desvirtuar los hechos que desembocaron en la inclusión de sus datos en la “lista negra”.

El SAT suele otorgar a los contribuyentes un plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones enviadas por este órgano de la Secretaría de Hacienda, con derecho a una prórroga de cinco días.

Aquellos contribuyentes que figuren en la lista de negra pueden estar sujetos al monitoreo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), e incluso pueden llegar a ingresar a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, una peor “lista negra”.

¿Cuáles son las consecuencias?

Estos registros funcionan de manera similar al registro de deudores que recopila el Buró de Crédito, es decir, las personas físicas o morales que presenten problemas fiscales pueden aparecer en estas listas que otras entidades pueden verificar.

Por ejemplo, una empresa o un banco puede evitar hacer negocios o ofrecer financiamientos a contribuyentes que no han logrado resolver su situación fiscal.