Tras la captura de un exjefe de la policía estatal de Oaxaca, quien presuntamente estuvo involucrado en la masacre de Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad urgió a que el enjuiciamiento de las personas involucradas de ese crimen no solo deben ser los mandos operativos, sino a toda la cadena policíaca.

En conferencia de prensa, señalaron que esto debe de ir acompañado de medidas que protejan a los activistas en la búsqueda de justicia.

Froylán “N”, excomisionado de la policía estatal de Oaxaca, fue arrestado el pasado miércoles 9 de febrero, ahora se encuentra en prisión preventiva dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 13, en Miahuatlán. Se le acusa por el homicidio de seis personas y lesiones calificadas con arma de fuego.

La tarde del 19 de junio de 2016, policías estatales y federales recibieron la orden de disparar contra los manifestantes que estaban en la carretera federal 135D en protesta por la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Actualmente, hay tres mandos policiacos detenidos, los primeros fueron arrestados en septiembre de 2021, Juan “N”, exdirector de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal y Carlos “N”, ex elemento federal al frente del operativo policial.

Froylán “N” pidió su derecho a que se resolviera su situación jurídica hasta el próximo lunes en la primera audiencia de vinculación. En el Comité de Víctimas de Nochixtlán consideran que desde el punto jurídico sí hay elementos para vincularlo.

“La exigencia es que se le vincule junto con los dos mandos arrestados el año pasado. Aún hay dos imputaciones pendientes de mandos federales, son elementos operativos que obedecieron órdenes, pero nuestra exigencia sigue siendo el enjuiciamiento no sólo de la cadena de mando, sino de la parte política que llevó a esta masacre y represión”, dijo Lennin, del Comité de Víctimas de Nochixtlán.

Desde la organización de víctimas han insistido a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría General de Gobierno pueda establecer los mecanismos necesarios para su seguridad y medidas cautelares que garanticen la integridad física y psicológica, pues existe un riesgo hacia la vida de las familias en búsqueda de justicia.

“Si bien es cierto, esto se puede observar como un avance en la demanda de justicia, en los hechos no representa progreso, mientras no se garantice que paguen con cárcel por las ejecuciones extrajudiciales y heridos acontecidos durante aquella mañana fatídica en Nochixtlán. Por otro lado, este mismo hecho, despierta a los demonios del pasado y del presente que se sienten amenazados y acorralados, lo que significa un peligro latente para los activistas, víctimas y familiares de Nochixtlán que siguen exigiendo justicia”, indicó la Maestra Aurora, de la Sección 22.

Las organizaciones anunciaron que realizarán, a finales del mes de febrero, una “jornada de lucha” para exigir estas garantías de seguridad para luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas del estado.

“Tenemos varias acciones de movilizaciones en Oaxaca junto con toda la Red Estatal de Víctimas para pedir las medidas cautelares. Porque no hay ningún análisis de riesgo y no se toma en cuenta que la denuncia contra el poder y la policía nos pone en peligro. Hemos recibido amenazas directas de que nos van a asesinar, que dejemos de insistir en buscar justicia porque nuestra vida está en riesgo”, denunció la maestra Aurora.