Adalina Dávalos Martínez, esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga en el caso, ya que afirma que su esposo es un “preso político”.
A través de un video publicado en las redes sociales de El Bronco, Dávalos sostuvo su esposo “hace casi 50 días fue detenido, procesado y exhibido de una manera denigrante e ilegal” y aseguró que “a la fecha” no hay un juez competente “que acepte llevar su caso”.
“No cabe duda que Jaime es un preso político del gobierno de Nuevo León”, declaró.
En el mensaje, que también fue dirigido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
“Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que en su gobierno no hay lugar para los abusos y excesos de poder”, declaró.
“Si esto sucede con quien fuera alcalde, diputado, gobernador y excandidato a la presidencia de la república, ¿qué nos espera a los cuidadanos que habitamos en este estado?”, añadió.
El pasado jueves, Dávalos envió una carta dirigida al representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, para solicitar la intervención de la ONU.
En dicha ocasión también sostuvo que El Bronco es un “preso político al que no respetan sus derechos humanos” y afirmó que “está siendo víctima del actual Gobierno Estatal”.
“Es evidente que, aprovechando su poder y el aparato gubernamental en específico de las distintas Fiscalías del Estado y el Poder Judicial; Samuel Alejandro García Sepúlveda, actual Gobernador, le está fincando a mi marido responsabilidades múltiples para que permanezca en la cárcel no tanto por temas jurídicos sino políticos”, escribió en el documento.
El 29 de abril, durante entrevista en Aristegui Noticias, denunció que, con tal de mantener a su esposo en prisión, el actual mandatario de la entidad, Samuel García, ha cometido una serie de injusticias.
Asimismo, declaró que el caso ha servido como “desvío de la atención” de problemas en el estado como feminicidios, inseguridad, contaminación y falta de agua.
El exmandatario fue ingresado en prisión preventiva al Cereso 2 de Apodaca desde el pasado 15 de marzo. El Bronco fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito electoral de recibir aportaciones de dinero en el marco de la campaña presidencial de 2018, cuando existía una prohibición legal para ello.
También fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, por ordenar en 2016 que se requisara la empresa que administraba el servicio de transporte Ecovía.
El 19 de abril, un juez federal decidió regresar a un juez de control estatal el caso del exgobernador, debido a que la orden de aprehensión se dictó en ese ámbito.
Inicialmente, el juez local se declaró incompetente y pasó el expediente completo al Poder Judicial de la Federación. No obstante, la decisión posteriorremitió el caso al ámbito estatal.
El pasado domingo, tras obtener un amparo, Rodríguez Calderón fue trasladado al hospital Universitario para valorar su situación física, que se ha agravado desde el 19 de marzo, según su equipo de abogados.
