Esta mañana se desarrolla en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México la audiencia de Jesús Murillo Karam, exprocurador, quien es acusado de obstrucción a la justicia, desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
Al lugar arribaron un padre y una madre en representación de los papás de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero; así como integrantes del equipo legal.
Minutos antes de las 8 de la mañana, hora a la cual se fijó la audiencia, al lugar entraron los Fiscales de la Fiscalía General de la República, encabezados por Lidia Bustamante; así como Santiago Aguirre, quien representa las víctimas indirectas de la desaparición de los jóvenes y director del Centro ProDH.
Se trata de la segunda audiencia en el caso del extitular de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) y en esta el juez Marco Antonio Tapia Fuerte decidirá si se vincula, o no, a proceso a Murillo Karam.
El arranque de la audiencia inicial se realizó el sábado 20 de agosto y en ella se dictó prisión preventiva justificada contra el funcionario por posible riesgo de fuga.
Murillo Karam fue detenido el pasado viernes. El arresto se llevó a cabo en el exterior del domicilio de Murillo Karam, “sin ningún problema”, ya que dijo, colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo.
Este arresto se dio a un día de que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentó un informe con conclusiones preliminares entre las que destaca que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado en el que concurrieron criminales de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
La imputación por desaparición forzada de personas en contra del exprocurador General es por desviar las líneas de investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, obstaculizando su localización, y por la fabricación de la llamada “verdad histórica” con el uso de declaraciones obtenidas bajo tortura en contra de cuatro detenidos, afirmó la FGR.
El pasado 22 de agosto, la defensa del exprocurador presentó un juicio de amparo en contra de actos de incomunicación a los que presuntamente fue sometido al momento de su detención, esto aún cuando se le había dictado una suspensión de plano para que pudiera establecer contacto con su familia y sus abogados de confianza, la misma habría quedado sin efecto desde el momento mismo en que pudo comunicarse con ambos.
