Un juez federal ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dar mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo – Metro (STC-Metro) en donde haya deficiencias y mantener este en las áreas en las que ya existan acciones de cuidado o preventivas.
Al conceder una suspensión definitiva a víctimas de los accidentes ocurridos en las líneas 3 y 12 del Metro, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, explicó que su resolución no prejuzga sobre la falta de mantenimiento de ese sistema de transporte.
Sin embargo, señala que ordenar acciones de mantenimiento para las instalaciones del Metro, no es contrario al interés público, y por el contrario, representa una medida cautelar que protege a la sociedad.
Por tratarse de una suspensión otorgada dentro de un juicio de amparo, la medida estará vigente hasta que se resuelva el fondo de la demanda en la que se acusa al gobierno de la Ciudad de México y a la dirección del STC-Metro de no dar mantenimiento al organismo, provocando los accidentes de las Líneas 12 y 3 del Metro, con un saldo total de 27 personas fallecidas y 206 lesionadas.
Los percances ocurrieron el 3 de mayo de 2021 en la Línea 12 con saldo de 26 personas fallecidas y el 7 de enero de 2023 en la Línea 3, en el que perdió la vida Yaretzi, una joven estudiante universitaria.
“Se resuelve, se insiste, no sobre una afirmación categórica de que las autoridades responsables estén omitiendo cumplir con tales deberes, sino sobre una presunción de que podrían estarlo haciendo en forma deficiente y que ello podría llegar a ser una de las causas generadoras o contribuyentes para la ocasión de accidentes o la prestación de un servicio deficiente”, señala la resolución.
La defensa de las víctimas de los dos accidentes del Metro señaló en su demanda que la medida cautelar era necesaria para “prevenir hechos que impliquen daños en la integridad de las personas usuarias del Metro”.
Por lo anterior, la resolución aclara que el gobierno de la Ciudad de México debe llevar a cabo “las acciones que hayan estado llevando a cabo con tal finalidad, así como para que emprendan aquéllas en las que hubieran existido eventuales omisiones o deficiencias”.
"Todo lo cual no afecta en forma alguna el orden público o el interés social, sino que, por el contrario, tiene por objeto evitar en la sociedad daños que de otra manera no resentirían".
En consecuencia, el juez resolvió que el Gobierno de la Ciudad y la dirección del Metro deben llevar a cabo todas las acciones materiales que sean necesarias para verificar el adecuado mantenimiento y operación del STC-Metro, a fin de estar en las mejores condiciones posibles para ofrecer a los usuarios un servicio de transporte eficaz y seguro.
Ante la resolución, el gobierno de la Ciudad de México puede argumentar que si se están dando las acciones de mantenimiento que requiere el Metro y enviar comprobantes de este al juez de la causa, o también puede impugnar la determinación del juzgador ante un tribunal colegiado, el cual definirá si ratifica o no, la suspensión ordenada.
