El equipo legal que representa a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ha rechazado de manera contundente las acusaciones en su contra relacionadas con el supuesto recibimiento de sobornos y "mordidas" por un total de 8.3 millones de dólares. Estas acusaciones están vinculadas con la aprobación de la compra de la planta en mal estado "Agronitrogenados" y tres contratos para la compañía Odebrecht.
Ante estas acusaciones, los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda han solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que verifique la información proporcionada en un comunicado emitido el 21 de julio.
La defensa de Lozoya ha negado categóricamente que su cliente haya causado un daño de 760 millones de dólares a las finanzas públicas, como alegó la UIF. Además, destacan que las imputaciones penales en su contra no se refieren a las acusaciones de sobornos y "mordidas" mencionadas en el comunicado.
Los abogados también han señalado que la afirmación de una supuesta "mordida" de 8.4 millones de dólares nunca antes había sido mencionada por ninguna autoridad gubernamental de México y carece de antecedentes documentales o técnicos, por lo que consideran inaceptable tal acusación. Por este motivo, instan a la UIF a verificar la información proporcionada.
Además, la defensa de Lozoya ha afirmado que el supuesto soborno de 3.4 millones de dólares que se le atribuye a su cliente por la aprobación de la compra de la planta Agronitrogenados corresponde a proyectos que Lozoya Austin llevó a cabo antes de asumir su cargo en Petróleos Mexicanos (Pemex). Por lo tanto, afirman que este dinero fue recibido antes de que asumiera la dirección general de Pemex, desligándolo de cualquier delito de corrupción en este caso.
En relación a la planta de fertilizantes, la defensa destaca que no existe ninguna investigación sobre la compra-venta de dicha planta, ya que todo el proceso fue auditado y validado por las autoridades administrativas, incluyendo Pemex y la Secretaría de la Función Pública, que no emitieron sanciones al respecto.
Respecto al contrato otorgado por Pemex en el proyecto Tula I, los abogados de Lozoya Austin afirman que las autoridades, incluyendo Pemex, la Fiscalía General de la República y la UIF, han declarado en una audiencia pública ante el juez encargado del caso que la obra y el contrato fueron ejecutados correctamente, por lo que no existen elementos que indiquen alguna responsabilidad administrativa, mercantil o penal.
Asimismo, en relación al caso Odebrecht y los contratos Salamanca y Tula II, la defensa señala que estos no están vinculados a ningún procedimiento relacionado con Emilio Lozoya Austin, es decir, no hay un proceso o expediente administrativo que lo señale por irregularidades en dichos contratos.
En conclusión, la defensa insiste en que es injustificado exigir una reparación del daño por un monto de 30 millones de dólares, tal como se le ha solicitado a Emilio Lozoya. Argumentan que la referencia a una posible extorsión de Estado, planteada por el exdirector de Pemex ante el juez, es un reclamo legítimo, ya que el origen de esa cifra no ha sido explicado por los representantes del gobierno de México durante la audiencia pública.
